Aceptando las cifras y las palabras del Gobierno, la rebaja fiscal en el IRPF va a tener un coste de 5.000 millones de euros que el Estado dejará de recaudar y que se quedarán en el bolsillo de los ciudadanos. Dicho así hasta parece una buena noticia. Pero en realidad se convierte en un motivo de indignación extrema cuando se conoce de donde saldrá ese dinero: del bolsillo ya agujereado de los parados.
El compromiso de déficit obliga al Gobierno a reducir el gasto público en una cifra similar a la de la caída de los ingresos; esto es, recortar para compensar esos 5.000 millones. Y de nuevo este Gobierno antisocial va a aplicar las tijeras donde más duele: en la protección a las personas desempleadas. En los cuatro primeros meses del 2014, el gasto en prestaciones por desempleo se ha reducido en casi 2.000 millones en comparación con el mismo período del 2013, una caída próxima al 20 % que llegará a superar los 5.000 millones cuando acabe el ejercicio.
Es la consecuencia de los recortes que aplicó el Gobierno del PP al sistema de protección en julio del 2012, complicando las condiciones para el acceso a las prestaciones y disminuyendo su cuantía. Ese cambio en las normas, unido a que el derecho a cobrar se agota porque cada vez tienen más peso los que llevan más de dos años en paro, está provocando que, mes a mes, baje el gasto en protección.
Y de ahí vendrá una parte no menor del ajuste en las cuentas públicas para 2015: los 5.000 millones menos de ingresos por las rebajas en el IRPF se compensarán con una disminución equivalente en el presupuesto del Servicio Estatal Público de Empleo, el antiguo Instituto Nacional de Empleo (INEM). Reduciendo el presupuesto para el 2015, ajustándolo a un gasto real cada vez más bajo en prestaciones, el Gobierno va a hacer que los parados paguen con su desprotección el recorte en el IRPF.
El Gobierno va a financiar su campaña electoral de 2015 sobre el dolor de seis millones de desempleados. En España solo tienen prestaciones por desempleo una de cada tres personas paradas de la EPA, de forma que casi cuatro millones de personas no cobran ninguna prestación. La situación llega al límite en los 800.000 hogares en los que viven 1,5 millones de personas y que carecen de cualquier ingreso laboral: ni salario, ni pensión, ni prestación por desempleo.
Si el Gobierno ejecutara el presupuesto en su integridad, podría atenuar esta dramática situación ampliando la protección a un millón de personas. Pero no. Estos recursos no se van a destinar a mejorar la protección social, porque este gobierno prefiere destinarlos a financiar su ideología neoliberal de bajada de impuestos antes que ayudar a los parados.
Son estas personas, las que más duramente sufren esta crisis interminable, los que van a pagar con su desesperación la rebaja fiscal del Gobierno de Rajoy, que beneficia de forma especial a los que cobran más de 150.000 euros anuales.
Qué vergüenza.