Ahora todos nos quieren prestar dinero


Pasó la época en que los salarios estaban ligados al IPC y los trabajadores, antes de que la reforma laboral desbaratase la negociación colectiva, peleaban por mantener su poder adquisitivo. En la nueva era que estamos inaugurando, solo los prestamistas quedarán a salvo de futuras dentelladas de la inflación: los bonos que acaba de estrenar el Tesoro les garantizan una remuneración superior al IPC. Ningún riesgo. Tendrán la seguridad de la renta fija y, a mayores, su inversión se irá revalorizando al compás de la subida de los precios.

Por eso no debe sorprender que el nuevo producto haya gozado en su debut de excelente acogida. El Tesoro pretendía colocar 5.000 millones de euros a diez años y los ahorradores de medio mundo -fondos de inversión y de pensiones, bancos, aseguradoras- sacaron raudamente la cartera y nos ofrecieron más de 20.000 millones. Se disputaron cada bono como una entrada de reventa para la final de la Champions. No era para menos. Pónganse en su lugar: por cada mil euros que le prestan a España, le cobran 18,35 euros al año en concepto de módicos intereses y, a la hora de cancelar la deuda, recuperan su capital acrecentado con el IPC de los diez años transcurridos. Y todos sumamente felices. Al menos, sin duda, los acreedores.

¿Pero qué pasa con nosotros, los prestatarios? Si hacemos caso al ministro De Guindos, de quien depende el Tesoro Público, debemos aplaudir con las orejas. La primera emisión de bonos ligados a la inflación «muestra la confianza en España y su economía». A pesar de que nuestra deuda pública roza el billón de euros y sigue batiendo marcas históricas, todos nos quieren prestar dinero. Lo hacen, además, a tipos de interés reducidos, lo que permite recortar los costes financieros y embridar -momentáneamente- el déficit público. ¿Alguien da más por menos?

Sin embargo, no es oro ni ventaja todo lo que reluce. Déjenme ejercer una vez más de Pepito Grillo -la conciencia de Pinocho, ya saben- y examinar el envés de la operación. Al vincularla a la evolución de los precios, la deuda seguirá creciendo durante una década. Nos han prestado 5.000 millones, pero esa cantidad irá inflándose año tras año, hasta su vencimiento en el 2024. La inflación la engorda en términos nominales: cuanto más suben los precios, más aumenta la cuantía del préstamo. Con el resto de la deuda, llamémosle tradicional, ocurre lo contrario: la inflación la adelgaza en términos reales.

La novedosa operación equivale, en realidad, a un aplazamiento: los acreedores cobrarán el grueso de las plusvalías al expirar sus bonos. A los inversores les gusta la fórmula porque les garantiza rendimientos por encima de la inflación. Más inciertas son las ventajas que comporta para las finanzas públicas españolas.

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