Muchas personas que creen en ella, pero desde luego sus rectores no, ni tampoco los principales partidos políticos españoles o gallegos; y raras veces los sindicatos, sobre todo cuando se trata de los sindicatos de profesores. Para defender la universidad pública es necesario tener muy claro cuáles son sus funciones: la enseñanza y la investigación, y su carácter de servicio público orientado al bien común y no a la defensa numantina de los intereses corporativos. La universidad pública, como todo el sistema de la educación pública, es un instrumento esencial para la articulación de la sociedad civil, y el derecho al estudio universitario tiene que ser además un medio de igualación social en el cual los méritos de los individuos sirvan como criterio esencial de su promoción profesional.
No se puede defender la universidad pública, tal y como hacen los rectores y los partidos políticos, ejerciendo una doble moral y practicando un doble discurso según las circunstancias políticas. No se puede defender la universidad pública faltando a la verdad, ocultando todos sus problemas, negándose a reformarla y desentendiéndose del futuro de miles y miles de titulados a los que se les están ofreciendo másteres de calidad ínfima y todo un sistema de docencia, amparado en la declaración de Bolonia, que ha supuesto la burocratización enfermiza de la vida universitaria, la degradación del nivel docente y la generalización de las peores técnicas pedagógicas, basadas en el conductismo más romo y en la adoración de los valores del mercado. No se puede defender la universidad pública subordinando el valor de la docencia al de la investigación, predicando la competitividad salvaje entre profesores y grupos de investigación, favoreciendo el acaparamiento de los recursos en manos de unos pocos, y formando a unos investigadores a los que desde su juventud se les inculca la idea de que lo fundamental es su promoción personal, sea al coste que sea.
Dice el PSOE, cuyas ideas sobre la universidad, sobre la reforma de su gobierno, sobre la relación de la universidad con las empresas, sobre la reducción de la investigación a los valores mercantiles, y sobre la enseñanza desideologizada y entendida como una técnica neutra son exactamente las mismas que las del ministro Wert, que ahora defiende la universidad pública. Y lo mismo pretenden decir los rectores. Se quejan estos de que la tasa de reposición de funcionarios amenaza con extinguir a la universidad, pero ocultan los datos sobre la media de edad de los profesores, sobre todo de universidades como la Complutense que siempre fue el cementerio de los elefantes de la universidad española. Los profesores universitarios se jubilan a los 70 años, junto con jueces y registradores de la propiedad, en lugar de a los 65. ¿Por qué el ministro no cambia la edad de jubilación? Pues porque hay muchos profesores universitarios metidos en política que no se quieren jubilar, como el exministro Ángel Gabilondo o el perenne Rubalcaba. ¿En qué perjudica a los rectores la tasa de reposición? No en la calidad de sus plantillas, sino en que no pueden promocionar a los miles de profesores a los que la Aneca da el título cada mes como titular o catedrático, en una imparable carrera de crecimiento de las plantillas en sus niveles superiores. En la universidad no existen plantillas en función de las necesidades docentes. Ningún profesor se puede trasladar de una universidad a otra, ni siquiera en su comunidad autónoma, y equilibrar así la distribución de profesores. Son los propios rectores los que quieren tener a sus profesores cautivos, los que quieren hacer la promoción solo dentro de su propia universidad, y por eso se quejan de la tasa de reposición.
En el mismo cajón meten el asunto de las becas, en el cual no se cumplen las leyes en vigor, como en muchos casos en las universidades españolas. Existe un órgano creado el 30 de diciembre del 2010 que se llama Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, una de cuyas funciones es informar los mapas de titulaciones y establecer los criterios de las becas públicas, consejo del que forman parte los estudiantes, uno por cada universidad pública, privada o de la Iglesia. ¿Se ha reunido este consejo para fijar los criterios de las becas? Y si no es así, ¿por qué no se ha presentando recurso? Pues porque da la impresión de que las leyes están para no cumplirlas. Los rectores ejercen a la vez el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Los rectores ejercen su poder sin límites, y el único freno que parece que les quiere imponer el PP es la asfixia económica, lo que ellos interpretan como su único obstáculo. Solo saben pedir dinero, pero no están dispuestos a admitir ningún cambio que no sea incrementar su propio poder con el sistema autoritario de la gobernanza. Apelan a la demagogia en el tema de las becas diciendo que si los hijos poco brillantes de los ricos pueden estudiar, también deberían poder los hijos poco brillantes de los pobres. Bien, pero a los hijos de los ricos los emplean los ricos; los hijos de los pobres tienen que buscarse la vida a costa de su esfuerzo. Y en nada les ayuda la universidad despreocupándose de la formación de sus titulados, de su paro y cambiando si hace falta del paro de sus titulados la interpretación de las estadísticas.