Cuando a comienzos de los setenta países productores de petróleo, como Irak, decidieron nacionalizar sus recursos, hartos de que las compañías extranjeras los explotaran y solo les dieran una mínima parte de los beneficios, y los países integrantes de la OPEP declararon el embargo del suministro, como represalia por la participación de Estados Unidos en la guerra del Yom Kippur de 1973, la economía mundial sufrió el primer gran terremoto tras la Segunda Guerra Mundial. La subida de los combustibles de 3 a 12 dólares el barril hundió los mercados internacionales.
Pero, en lugar de invertir en la puesta en marcha de energías alternativas limpias y baratas, se amplió el radio de explotación, lo que, lejos de mantener un precio relativamente razonable convirtió a algunos países en nuevos ricos. Uno de estos afortunados es la Federación Rusa. Suministradora del 50 % del gas de Ucrania y el 40 % del de Europa, tras la insurrección ucraniana ha amenazado con cerrar el grifo para mantener a este país bajo su esfera de influencia y lejos de las zarpas de la UE. Con la posibilidad de que España se convierta en el país de entrada del gas argelino para suplir al gas ruso, el descubrimiento de yacimientos en la zona occidental de Ucrania y la inyección de dinero de la UE a Kiev, el órdago de Putin parece condenado al fracaso. Como alternativa está azuzando el descontento de los prorrusos en la zona oriental para desestabilizar aún más a Ucrania. Si no consigue mantener a este país bajo su control, claramente Putin no quiere que se una a la UE, aunque ello suponga sumergirlo en una guerra civil y arruinar la industria gasística de Rusia.