Reforma fiscal: de la carta al menú del día


Mientras el Gobierno se piensa cuáles de entre las casi doscientas medidas que le han propuesto sus expertos, en su informe a la carta para la reforma fiscal, se convierten en nuestro menú del día para los próximos años, cabe hacer algunas consideraciones previas. Porque si la reforma necesaria debe compaginar una mejor y mayor potencia recaudatoria (eficiencia) con una mejor distribución de la carga fiscal (equidad) no es posible imaginar, y menos aún escoger, entre esos dos centenares de medidas sin pillarse los dedos.

Uno puede seleccionar medidas que mejoren la equidad del sistema, que podrían no ser las que más fácilmente aporten ingresos y, menos aún, las que generen percepciones y reacciones sociales más o menos preocupantes para quien gobierna. Y, al revés, podría escoger un menú del día de medidas que tengan una gran opacidad y escasa percepción por parte de los contribuyentes, y sean al tiempo muy poco equitativas.

Para decidir entre unas y otras, más allá de lo cálculos electorales o de mercadotecnia fiscal, se echa de menos partir de un diagnóstico global de cuál es el grado de ineficacia y de inequidad de nuestro actual sistema fiscal. Por ejemplo, ¿por qué tenemos en el 2012 en España unos ingresos públicos que se sitúan en ocho puntos del PIB por debajo de la media europea? Recuerdo a la oposición que eran siete puntos en el año 2000. Es esta una muy simple comparación que no se puede hacer con los datos de las páginas 42 y 52 del informe.

Es este un problema de ineficiencia recaudatoria que con toda seguridad no cabe atribuir a lo aportado por las rentas salariales, ya sea al declararlas como ingresos o al pagar impuestos sobre el consumo. Y si la causa radica en que nuestro sistema fiscal permite y provoca la existencia de una economía sumergida mucho mayor que en nuestro entorno, acompañada de una carga tributaria de las rentas no salariales (autónomos, del ahorro, empresariales) mucho menor, entonces el núcleo de la reforma ha de ser de un tipo y no de otro.

Subir esos ocho puntos de PIB en recaudación nos permitiría sostener nuestro sistema de protección y bienestar social (sanidad, pensiones y dependencia en particular) sin incurrir en déficits fiscales excesivos. Y no tendría por qué dañar al crecimiento y al empleo. En la imposición indirecta, poniendo el énfasis en incorporar a las bases la economía sumergida; en la imposición directa, poniendo de una vez de costaleros del sistema a las rentas no salariales. Claro que este sería un enfoque poco apreciado por nuestros todopoderosos bancos, porque, por ejemplo, obligaría a no mantener un trato singular para el ahorro o los planes privados de pensiones.

Claro que, frente a ese difícil y necesario menú europeo (de entre la imaginada carta de doscientos platos, entremeses y postres que cocinaron los expertos), el Gobierno puede elegir un muy diferente menú. Más cómodo para los grandes grupos de presión y para los que quieren seguir de rositas. Que consista en venderles a unos una pequeña rebaja por la puerta de delante (IRPF o cotizaciones) que se les evapora por la puerta de atrás (IVA e impuestos especiales). Está cantado.

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