En España tenemos un sistema de reparto por el que las cotizaciones a la Seguridad Social de los que ahora están trabajando financian las pensiones de los actuales jubilados. Sobre esta relación entre cotizaciones y pensiones se basa el equilibrio financiero del sistema, aunque es cierto que aún existen prestaciones que deberían ser cubiertas por los Presupuestos Generales del Estado y que es posible pensar en una financiación complementaria a las cotizaciones vía impuestos.
Pero, aun con estas correcciones, el núcleo del sistema son cotizaciones que pagan pensiones. Y de ahí el rechazo que suscita la decisión del Gobierno de establecer una cotización fija, y mínima, de 100 euros al mes para cada contrato indefinido que se formalice desde ya y durante los dos próximos años. Pongámosle cifras.
Para financiar una pensión de jubilación digna, pongamos 1.200 euros al mes con dos pagas extras, harían falta 14 personas cotizando esos 100 euros para que la cuenta saliera. Pero como en España la ratio cotizantes/pensionistas es de 2,5 -y eso contando solo los jubilados y las incapacidades permanentes-, lo que tenemos es un agujero: con la cotización reducida de esa medida estrella del Gobierno tan solo se recaudarán 3.000 de los 16.800 euros de coste anual de la pensión.
Con la reducción de la cotización, y el número de nuevos contratos indefinidos que se firman cada año, el agujero que tendrá que soportar la Seguridad Social es del entorno de 4.000 millones de euros cada año. Y este dinero, que agrava el déficit que ya está sufriendo el sistema por la caída de cotizantes ¿quién lo va a poner? ¿Servirá para justificar un nuevo recorte en las pensiones?
Volviendo a la aritmética, a día de hoy y al margen de esta ocurrencia del Gobierno, para pagar esa pensión de 1.200 euros y con una ratio de 2,5 cotizantes por cada pensionista, cada activo tiene que aportar 560 euros cada mes. Y para llegar a esta cifra, con los tipos de cotización actual, el salario tiene que ser de 1.600 euros brutos en 14 pagas.
Y aquí están las tres claves de la sostenibilidad del sistema: el número de ocupados, que determina la relación entre cotizantes y pensionistas, el salario medio, que fija la base de cotización, y el tipo, que aplicado sobre la base determina lo que se ingresa en la caja de la Seguridad Social
Cualquier cambio sensible en cualquiera de estas tres variables compromete la sostenibilidad financiera del sistema y por lo tanto se tiene que tomar con extraordinaria precaución y siempre explicando cómo se va a cubrir el déficit generado. Dicho de otra forma, sin creación de empleo, con salarios de 1.000 euros o reduciendo el tipo de cotización se está poniendo en grave riesgo la sostenibilidad del sistema público de pensiones en sus parámetros actuales. Y eso es lo que está haciendo, de forma premeditada, el Gobierno del PP.