Pese a las reticencias con las que, por puro sectarismo de partido, recibieron inicialmente el PP y, sobre todo, el PSOE la iniciativa que el martes formuló en el Congreso de los Diputados UPyD, dirigida a impugnar con toda claridad la propuesta secesionista del nacionalismo catalán, el sentido común se ha impuesto, por fortuna, finalmente.
Las consecuencias del acuerdo que ayer adoptó la Cámara baja de las Cortes Generales, aprobando por 272 votos a favor (PP, PSOE y UPyD), 43 en contra (nacionalistas e Izquierda Plural) y una abstención (la de Alfonso Guerra, por error) una moción por la que se rechaza «tajante y expresamente el plan secesionista de la Generalidad de Cataluña» son demoledoras para quienes vienen defendiendo ese plan delirante e ilegal, sin importarles ni un comino la Constitución, las leyes, la convivencia en armonía de todos los catalanes y la de Cataluña y el país del que forma parte desde hace cinco siglos.
De este modo, y sin necesidad de esperar a que se debata en el Congreso la proposición del Parlamento catalán solicitando una transferencia imposible, por inconstitucional (la que le corresponde al Estado para convocar consultas populares por vía de referendo), desde ayer sabemos oficialmente lo que, en el plano de la realidad política, ya era público y notorio: que la inmensa mayoría del Congreso (el 86 % de los diputados que emitieron su voto) rechaza frontalmente cualquier plan para la secesión de Cataluña, plan que, contra la voluntad de las Cortes, solo podría salir adelante por las bravas.
Tras la votación de la propuesta de UPyD lo lógico sería que Mas metiese su plan en un cajón y comenzase a pensar en cómo organizar su retirada, tras el fiasco monumental que ha dirigido, hasta poner a Cataluña al borde del abismo. Pero -pueden apostar- nada de eso ocurrirá, para desgracia de todos. Y ello por una razón elemental: porque Mas no se dirigió a las Cortes para que aceptasen lo que sabía a ciencia cierta que aquellas iban a rechazar de forma radical y por abrumadora mayoría, sino solo para hacer luego con esa negativa toda la demagogia imaginable.
Su primera manifestación consistirá en contraponer la voluntad del Congreso a la del Parlamento catalán, tratando de colar como cierto un embuste colosal: que una y otra son equivalentes. Y la verdad es que no lo son en absoluto, pues mientras que el Congreso ha tomado su decisión en el ámbito estricto de sus competencias constitucionales, el Parlamento de Cataluña actúa pasándose la Constitución y la ley por el arco del triunfo. Y es que Mas cree, como tantos cínicos y tantos ignorantes, que la democracia solo nace de la fuerza de los votos, cuando esa fuerza fuera del marco del respeto a la ley es el final del Estado de derecho. Es decir, la entrada en la barbarie.