Oscurecida por la guerra civil siria y el fracaso de los esfuerzos pacificadores de la comunidad internacional, por la complicada situación egipcia, en pleno debate entre una democracia tutelada por el Ejército o una teocracia islamista y por la esperanza de que Túnez se convierta en una democracia real gracias a una transición serena, se celebra el tercer aniversario del levantamiento del 17 de febrero en Libia. Ya poco se recuerda de los cuarenta años de la dictadura histriónica de Gadafi, ni de sus tensas relaciones con Occidente por su proximidad al terrorismo de Estado, ni, por supuesto, de la persecución implacable a la disensión en su país. Pero el legado del coronel sigue emponzoñando la evolución de un país desestructurado, que a duras penas es capaz de soportar la violencia de las incontroladas milicias y con una comunidad bereber que reclama los derechos que se le han negado desde hace décadas.
La inseguridad que reina en las calles libias ha propiciado que el Gobierno haya aprobado la modificación del artículo 195 del código penal, que castiga cualquier mención crítica a la revolución del 17 de febrero con penas de cárcel de hasta 15 años. Una medida que, lejos de fomentar la libertad de expresión retrotrae el país a los peores tiempos de la represión de Gadafi. Un país a punto de sumergirse en una nueva guerra civil entre el débil aparato de Estado y unas milicias que se niegan a ceder el poder que le dan las armas y la violencia. El caos libio, como el de Irak, es la muestra de cómo una intervención armada sin seguimiento posterior que organice la transición puede suponer un problema mayor que el que se quería solucionar.