La media anual -calculada como la media aritmética de los cuatro trimestres- de la población ocupada en el 2013 en España fue de 16.750.100 personas. En el 2011, el año anterior a la reforma laboral, el número de personas con empleo era de 18.104.700 personas.
Han pasado ya dos años y ya se pueden valorar los efectos de la reforma -y del resto de políticas aplicadas por el Gobierno del PP- sobre el empleo: es un fracaso absoluto porque en este tiempo se han destruido en España 1.354.700 empleos netos.
La reforma laboral está teniendo efectos perversos en el mercado de trabajo. Es la recesión y el ajuste duro lo que destruye empleo, pero con la nueva reforma laboral toda esa pérdida se concentra en los asalariados. Todos los puestos de trabajo perdidos desde su aplicación estaban ocupados por personas asalariadas. Por el contrario, en ese mismo tiempo aumentó el número de empresarios y autónomos.
En los dos años de la reforma se han perdido 1.399.900 empleos asalariados netos, que es la cifra más alta jamás sufrida por España en toda su historia, lo que hace del bienio de la reforma laboral el peor para el empleo asalariado desde que existen estadísticas.
Menos empleo y de peor calidad, porque al abaratar el despido se ha provocado un cambio en el modelo de ajuste de las empresas, que ahora, además de no renovar contratos temporales, reducen sus plantillas fijas, haciendo más precaria la relación contractual.
El deterioro también se manifiesta en una intensa sustitución de trabajo asalariado a tiempo completo por contratos a tiempo parcial; una situación no deseada, en la gran mayoría de los casos, por las personas, no solo por la reducción proporcional del salario, sino porque, por desgracia, en nuestro país se concentran muchas prácticas irregulares en la jornada parcial.
La reforma laboral ha facilitado el instrumento necesario para materializar las políticas de recortes en los servicios públicos, que sufren una caída del empleo sin precedentes en nuestra historia reciente. Si en la fase inicial de la crisis el sector público actuaba como un estabilizador de la ocupación, ahora destruye empleo a un ritmo incluso superior al del sector privado.
La población ocupada se desploma en los dos años posteriores a la reforma, en una cifra que casi multiplica por dos la caída del empleo en el bienio previo a la llegada al Gobierno del PP y es incluso superior, en tasa de variación, a la de 2008-2009, el período más intenso de la crisis en España y en la economía internacional.
Esta reforma ya ha fracasado y, con ella, toda la estrategia de austeridad, devaluación salarial, precariedad laboral y recortes en el gasto público iniciada en la segunda mitad del 2010 y llevada al extremo a partir del 2012, que ha deteriorado la economía, ha empeorado gravemente las condiciones de vida y trabajo de la mayoría social, ha provocado una brutal destrucción de empleo y un empobrecimiento de amplias capas de la sociedad española.