En nuestro país existen exigencias democráticas elementales que todavía no se consideran. Son quiebras profundas que se producen porque nadie nace aprendido, porque la familia y los partidos políticos apenas colaboran en estos menesteres y porque la educación para la ciudadanía desapareció de la escuela pública. El resultado final es desolador. Somos un país maleducado en la democracia que genera miseria y tristeza excesiva. Tres ejemplos recientes fundamentan esta afirmación.
El primero hace referencia al nepotismo; que como sabemos es una desmedida preferencia de los cargos electos por la familia, a la hora de otorgar favores y empleo público. Por eso los gobernantes están obligados a jurar o prometer el cumplimiento de la Constitución y de las leyes que la desarrollan. Y por eso el acceso a la función pública se fija por ley y se inspira en los principios de igualdad, capacidad y mérito. Pero ya sabemos que en nuestra singular democracia ninguna de estas exigencias normativas y morales impide a ciertos gobernantes que practiquen con soltura el favor familiar.
El segundo ejemplo lo proporciona la cultura del indulto. Y es que la gracia y el indulto al penado era una potestad del Antiguo Régimen, modificada por el Estado de derecho, al desplazar el órgano competente (ahora es el Gobierno reunido en Consejo de Ministros), además de regular los requisitos exigidos para su otorgación (solicitud del interesado, reincidencia, arrepentimiento?). Se pasa así del Ministerio de Gracia y Justicia instaurado por Montero Ríos, al Ministerio de Justicia porque la gracia también debe orientarse en la justicia. Pero la realidad es distinta. Los indultos se multiplican y los abusos también. Son recientes y polémicos los otorgado a Carromero y al amigo del hijo del ministro de Justicia. Ahora observamos el solicitado por José María del Nido, respaldado por los dirigentes del fútbol. En todo caso, indultar a un delincuente es siempre una dimensión delicada del humanismo cívico.
Finalmente, está la obligación política y legal de los Gobiernos de rendir cuentas a los ciudadanos. Para explicar el cumplimiento del programa electoral, su ejecución periódica, así como para justificar cualquier modificación relevante del mismo. Para cumplir en tiempo y forma las obligaciones que la ley ya exige. Pero rendir cuentas es ahora más exigente. En la página web de cada Administración pronto aparecerá el coste de los servicios prestados, la deuda acumulada, la retribución de los políticos, los contratos con las empresas y otras muchas cosas. El olfato nos dice que los ciudadanos, propietarios de los recursos y del patrimonio público, no tardarán en exigirlo.