Como muy bien relataba mi colega Fernando Salgado en su columna de ayer, la cobertura sanitaria es un logro igualitario y de nuestro bienestar social en el que muy pocos países nos superan. Se asienta en un doble pilar: financiación con cargo a impuestos y prestaciones que no discriminen por la condición social del enfermo.
Cuando se altera alguno de los dos pilares, malo, muy malo. Cuando los papanatas de la mano invisible y del mercado experimentan con buscar fuentes de ingresos que simulen el mecanismo de precios (copagos, repagos, etcétera) o cuando introducen filtros monetarios para, presuntamente, moderar la demanda sanitaria se adentran en tierra incógnita.
Sin confesarlo, pretenden que la economía de mercado acabe ocupando toda la vida social. Modifican de forma radical nuestra sanidad pública y la integran en lo que un analista llamó sociedad de mercado (M. J. Sandel, Lo que el dinero no puede comprar, Debate, 2013). Para explicar semejante temeridad, aparte de andar sonado con el mándala de las reformas, hay que reparar en los que esperan controlar el negocio privado que surja de tales manejos. Pero -sin duda- hay que recordar en este punto algo más. Cuando el Gobierno reparte los objetivos de déficit entre el Estado y las comunidades autónomas y deja a estas una parte residual del mismo (en el 2014 cuatro veces menos) está obligando al deterioro del sistema público de salud que aquellas gestionan. Y cuando el Gobierno no ataca el déficit por la vía de incorporar al esfuerzo fiscal a todos los que llevan lustros de rositas hace lo mismo.
Si a todo lo anterior añadimos que en España se está forzando un empobrecimiento generalizado de la mayor parte de los pensionistas (que son usuarios frecuentes del sistema) y de amplios sectores de la población activa, experimentar con copagos -para recaudar cuatro perras y desincentivar dos abusos- es una conducta política socialmente dañina, una temeridad social. Por más que sus autores se escondan tras pretendidas buenas intenciones.