Como nuestros gobernantes siguen utilizando el concepto de eficiencia para justificar o condenar comportamientos propios y ajenos, vamos a precisar mejor el significado de ese concepto económico, mostrando a su vez ejemplos prácticos que lo desmienten y contradicen. En teoría la eficiencia exige, primero, que la oferta pública se ajuste lo mejor posible a la demanda social, lo que obliga a cumplir el pacto implícito que siempre es el programa electoral. Otra condición de la eficiencia es que los beneficiarios de un servicio público sean también sus financiadores. Porque si una persona se beneficia de un servicio público y otra distinta lo paga sin beneficiarse del mismo, estamos hablando de redistribución, de mayor o menor equidad, pero no de eficiencia. La eficiencia y la equidad son conceptos distintos que utiliza el sector público y que no deberían confundirse. Finalmente, la eficiencia exige también que los servicios públicos se gestionen al mínimo coste.
Pero veamos tres ejemplos que conforman nuestra realidad. 1) Se reforma la Administración local para privatizar servicios en municipios menores de 20.000 habitantes. Su justificación teórica es la eficiencia (prestar servicios a menor coste). Pero ahora el Tribunal de Cuentas desmonta el proceso. Un informe reciente verifica que el coste de esos servicios (limpieza viaria, recogida de residuos, etcétera) decrece cuando la gestión es directa y aumenta con la empresa concesionaria. También crece su coste cuando el municipio tiene mayor población. O sea, que caminamos al revés. 2) En el adelgazamiento del sector público siempre está presente la eficiencia, pero ciertos déficits no se tocan. Por ejemplo, los que se producen en la radiotelevisión pública gallega. Su cuantía supera cada año los cien millones de euros, pero la contabilidad pública los esconde. Deberían registrarse como transferencias que atienden gastos de funcionamiento, pero aparecen como gasto en activos financieros, fuera del déficit público. O sea, la eficiencia también se utiliza para desorientar al ciudadano contribuyente. 3) Los contratos de colaboración público-privados para construir, financiar y mantener autovías, hospitales o lo que se tercie, se fundamentan en la eficiencia, pero son más caros, generan rescates cuando tienen pérdidas y están recomendados por la UE. El negocio se garantiza cuando la empresa está colgada al presupuesto público durante 20 o 30 años.
La política actual sobrevive confundiendo al prójimo. Por eso utiliza tecnicismos y eufemismos múltiples, medios de comunicación bien orientados y descaro infinito. Pero eludir la mentira no es tarea fácil. Lo comprobaremos de forma nítida y acrecentada en los tiempos que vienen.