En España, gracias a la Constitución, se puede defender cualquier idea, y entre ellas han de incluirse la secesión de Cataluña, la conversión de Extremadura en un Estado libre asociado del Canadá, el regreso a las taifas -con sus preciosos palacios y sus románticas murallas-, y la restauración histórica del Cantón de Cartagena. Lo que no se puede hacer es incumplir la ley, y en este enunciado han de incluirse acciones tales como eludir los impuestos, circular a 60 km/h en travesías señaladas a 50, u orinar en los portales las noches de movida litronera. Y por eso no se entiende que UPyD, Ciutadans y el PP hayan apelado al juez en contra del simposio España contra Cataluña, y no se hayan plantado frente al hecho de que Mas, representante del Estado en Cataluña, que tomó posesión de su cargo tras jurar cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, utilice la institución y el poder que legítimamente ostenta para conspirar contra el propio Estado.
Los dirigentes del famoso simposio van a utilizar el tercer centenario de la última batalla de la Guerra de Sucesión para decir enormes tonterías y chuminadas, pero no van a infringir ningún precepto legal. Y Artur Mas, en cambio, dice todos los días cosas que, si bien deben ser amparadas en la boca de cualquier ciudadano, en modo alguno deberían tolerársele a quien recibió un mandato legítimo -con mucho poder y dinero- para defender el orden legal y constitucional que entre todos nos hemos dado. Si Mas fuese un ciudadano privado tendría todos los derechos a hacer y decir trapalladas. Pero esa libertad está algo limitada para las instituciones.
Y que nadie se extrañe de ello. Porque hay muchas cosas que un ciudadano puede hacer y una autoridad no. Por ejemplo, yo no tengo obligación de andar con gorra en mis horas de trabajo, pero los agentes de la Guardia Civil sí. El panadero de la esquina no tiene que jurar el cumplimiento y defensa de la Constitución, y un primo suyo que es diputado sí. Y cualquier ciudadano puede pedir un chope para su esposa a un amigo, pero Jaume Matas -cuando era presidente- no. Porque las instituciones representan y gestionan un bien común, contra el que no pueden prevalecer sus opiniones.
Yo no creo que haya que denunciar a nadie, ni siquiera a Mas, por montar la teoría de la conspiración de España contra Cataluña. Tampoco creo que la solución al problema de Cataluña y a la selección de catedráticos se encuentre en la vía penal. Y hasta me parece un enorme despropósito que los denunciantes, sobre todo el PP, se hayan tirado por la pendiente del chauvinismo disparatado en defensa de una patria que no necesita esta tropa para nada. Pero al filo de la noticia pregunto: ¿por qué respetan al general Mas y se meten con su fiel infantería?
Espero que no sea -como tantas otras veces- por pura cobardía.