El cronista siente hoy alguna nostalgia. Nostalgia por la ilusión de país que se ha perdido. Es 6 de diciembre y hace 35 años España era una fiesta: se votaba en referendo la Constitución española y la sociedad le dio un respaldo insólito. Fue aprobada por el 88,5 % de los votantes. En Galicia, más todavía: A Coruña, 90,8; Lugo, 89,5; Pontevedra, 89,1; Ourense, 90,6. Los gallegos pusimos mucho más interés en votar la Constitución que nuestro propio Estatuto de Autonomía. Tenía su explicación: la llamada ley de leyes era la meta de la transición. Una Constitución que reconocía los derechos sociales, las libertades, el juego político democrático o las nacionalidades históricas era todo lo que podíamos pedir. Y era ilusionante saber que aquella norma se había redactado con la aportación de todos.
¿Qué queda de aquella ilusión colectiva? Casi nada. El pacto constitucional se ha roto. Cataluña, donde la norma fue votada también por más del 90 %, busca su propia Constitución. Los menores de 50 años se quejan de que no han votado y piden, como los catalanes, derecho a decidir. Y, si se miran artículos y declaraciones, parece que no hay un español que no la considere anticuada y no acomodada a los tiempos actuales. Al leer algunos artículos, da la impresión de que los restos de hace 400.000 años encontrados en Atapuerca no son de seres humanos, sino de nuestra Constitución.
Ante esos estados de opinión, parece claro que algo hay que cambiar. Es inútil la resistencia ante el clamor. Pero se hace inevitable una pregunta: cambiar la Constitución, ¿para qué? ¿Para llegar adónde? Salvo en la sucesión de la mujer en la Corona, este cronista no acaba de ver ni una coincidencia. Para conseguir el apoyo de los nacionalismos (y no se puede hacer la reforma sin ellos), habría que reconocer el derecho de autodeterminación. El PSOE se ha metido en el jardín del Estado federal. Izquierda Unida y otros aprovecharían para pedir la república. Desde esos puntos de partida, con desacuerdo en asuntos esenciales del Estado, no hay posibilidad de redactar una Constitución de consenso. Y una Constitución impuesta sería la antesala de un fracaso histórico.
Así que, primero, dígannos los reformistas qué es lo que quieren cambiar. Después, dígannos si están dispuestos a renunciar a algunas de sus posiciones. Y cuanto tengamos ese informe, hablaremos. Abrir ese melón por abrirlo, sin tener clara la meta, sin saber adónde se quiere llegar, queda muy bonito en los artículos, pero corre un riesgo nada pequeño: destrozar lo existente y abocarnos a lo incierto. Además, es el momento de recordar la sabia frase de san Ignacio: en tiempos de tribulación, no hagáis mudanza.