Nuestro sistema autonómico es un pozo de sorpresas y en él no falta la que se llevan los jubilados españoles cuando constatan que tienen distinto tratamiento según dónde estén empadronados.
Jubilarse a la edad reglamentaria conlleva recibir una pensión contributiva cuya cuantía está en función de lo cotizado en un período de años. Con esta pensión, igual para todos en las mismas circunstancias gracias a que la caja de la Seguridad Social se ha mantenido única y no troceada en 17 partes, el jubilado pasa también a tener un descuento en el transporte público estatal y en el de la ciudad en donde está empadronado, así como en instituciones públicas de carácter cultural.
Pero las diferencias empiezan cuando ese jubilado quiere acudir a centros culturales públicos que no son estatales o moverse en transporte colectivo por ciudades y provincias de otra comunidad autónoma, o incluso en la misma si no es uniprovincial. Entonces ya no vale el documento nacional de identidad (único y no dividido) porque si no está empadronado en esa ciudad y en esa provincia su condición de jubilado sirve únicamente para que le digan amablemente que lo sienten y que tiene que pagar lo que todos. Y esto ocurre igual con el jubilado empadronado en A Coruña o Bilbao que saca un billete en Lugo o Guipúzcoa, el de Huelva que viaja en Segovia, o el que lo está en su pueblo y se desplaza por su capital.
En la mayoría de los países de la UE la condición de jubilado o mayor de una determinada edad permite disfrutar de descuentos en transporte y bienes culturales en cualquier lugar del país, con independencia de que unos y otros sean de titularidad estatal, regional, provincial o local, y que esté empadronado en un lugar o en otro del territorio. Es suficiente con ser connacional. Pero en España está sometido a la arbitrariedad de 17 comunidades autónomas, 50 provincias, 50 capitales y cientos de ciudades, que por lo visto entienden que el jubilado debe quedarse en casa con la pata quebrada. Un verdadero galimatías y una patada más al concepto de nación que nuestros políticos organizan, permiten y alientan porque, como constatan los hechos con tozudez, en su inmensa mayoría están formados en el arte de conquistar el poder y no en la ambición de mejorar la realidad. Y como es así, ninguno se ha propuesto aún mejorar la condición de nuestros jubilados ni hacer con ellos política de Estado y no de campanario.