Los efectos socioeconómicos de la sanidad

Pablo Mosquera
Pablo Mosquera EN ROMÁN PALADINO

OPINIÓN

25 nov 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

Cuando explicaba salud pública en la universidad, la primera clase a mis alumnos consistía en recordar cómo el acceso al agua no contaminada y la separación de las aguas fecales habían influido positivamente en la mortalidad y morbilidad de la población. Cuando estuve de gerente del Hospital da Costa publiqué que el tráfico de la carretera comarcal era el primer riesgo para la salud de los habitantes del norte mindoniense. Dos ejemplos, más allá de la asistencia sanitaria, para mejorar las expectativas de vida. De ahí la importancia de los planes de salud, en los que se pueden contemplar cuestiones como el tabaquismo, la prevención de todo tipo de accidentes, los cambios en pautas alimentarias o la lucha contra la obesidad.

Pero el núcleo fundamental sobre el que se asienta el derecho a la salud es el dispositivo integrado e integral de la asistencia sanitaria -centros de salud, hospitales, servicios sociales-, el espacio sociosanitario público, que tiene problemas: Coste-eficiencia, oferta-demanda, obsolescencia-mutación. Pero no debe ser mal negocio cuando el sector privado lleva décadas intentando hacerse con él. Incluso con «malas artes» desde dentro al fomentar malos resultados -listas de espera y sobrecostes-, que justifiquen el sendero de la privatización. Es la única actividad pública en la que tradicionalmente se permite a sus trabajadores competir con la empresa que los contrata.

Recortar o privatizar la asistencia sanitaria tiene nefastos efectos económicos. El espacio sociosanitario es el principal nicho de empleo del sector terciario. Los hospitales comarcales son la primera o segunda empresa del territorio comarcal -facturan, invierten, consumen, asientan la población-. Son la primera responsabilidad de los Gobiernos autonómicos.

Se puede ahorrar sin privatizar. Prescribir fármacos genéricos. Implantar la cirugía mayor ambulatoria que evita ingresos hospitalarios. Es derecho social irrenunciable que no puede ser mercancía de gestores haciendo méritos para trabajar -cuando son cesados- en el sector privado, como sucede en la Comunidad de Madrid.