Don Alberto Fabra, presidente de la Generalitat Valenciana, se puso el uniforme de populista responsable y lo soltó: «No cerraré colegios ni hospitales por una televisión inasumible». Y con tan contundente oratoria cerró la empresa pública RTVV, Canal 9. Fin de una aventura audiovisual pública. 1.700 trabajadores a la calle. La expresión más dramática de la crisis del sector. Ahora alguien tendrá que pagar los mil millones de deuda acumulada. Habrá que afrontar la liquidación de personal. Nadie de peso pagará por una gestión ruinosa y se cumple sin piedad una ley de mercado: los dispendios de los dirigentes y la falta de política empresarial que merezca recibir tal nombre la acaba pagando el más débil, que es el trabajador.
¿Qué ha ocurrido en esa televisión pública, como en la gran mayoría de teles autonómicas, con la brillante excepción de TVG? Que en los tiempos en que sobraba el dinero los gobernantes sufrieron un ataque de megalomanía, contrataron sin límites, se metieron en gastos propios de una televisión nacional y no hubo problemas de tesorería porque fluía la publicidad, la Comunidad Valenciana era una explosión de progreso y qué diablos: esos gobernantes salían muy guapos en los telediarios. El gasto se transformaba en inversión? en imagen del presidente y los consellers. Y cuando el dinero empezó a escasear, no hubo ni la menor política de austeridad. Se siguió funcionando con pólvora de rey. Hasta que todo saltó por los aires. Ahora se reabre un viejo debate: ¿debe haber televisiones y radios autonómicas de titularidad pública? Este cronista siempre las defendió. Especialmente en las regiones con lengua y cultura propias. Están ahí para estructurar territorio y sociedad. Están para ayudar a formar opinión pública sobre asuntos propios que no tratan las grandes emisoras. Pero con dos condiciones. Una, que sean profesionales y no botafumeiros del poder, porque no son propiedad privada de ningún partido ni Gobierno. Y otra, que no obliguen a elegir entre cerrar un hospital o cerrar una televisión. Si empezamos a legitimar esa demagogia, podemos adelantar que no quedará una televisión en este país.
Y una última reflexión: los sindicatos. Denunciaron el ERE, pero no se les ocurrió pensar que esa era la única solución si querían salvar algún puesto de trabajo. Son tan antiguos que piensan que el dinero de la empresa pública no es de nadie y llega a las nóminas con solo apretar un botón. No aceptaron soluciones de salvar a la empresa, sino de pura conservación de su estatus. Ellos también tienen su altísima parte de responsabilidad. Ojalá aprendan esta lección, porque tendrá que haber más ERE, más despidos y más cambio de empresas por un hospital.