Escribí allá en un lejano octubre del 2010: «Estoy de acuerdo con la ministra de Ciencia e Innovación en que, nominalmente, los presupuestos de su departamento apenas tienen una merma del 3 %. E incluso en que los fondos propios de los organismos públicos como el CSIC, podrán endulzar el recorte, no nominal, de un 19 % de los fondos que el Gobierno le sustrae en los presupuestos generales de este año».
Y añadía: más que los recortes presupuestarios de la ministra Garmendia, lo preocupante es la política que en ellos subyace, política que deja desprotegidas presupuestaria y políticamente a las instituciones, abocándolas a su deterioro. Tres años después, ante los graves recortes en la financiación de la I+D y brutalmente en el caso del CSIC, se ha podido comprobar que tal vaticinio no sirvió de aviso para el ministro De Guindos y su equipo de la Secretaría de Estado de I+D. Por el contrario, tomaron carrerilla y profundizaron en los recortes iniciados por el equipo de Garmendia, llevando a los organismos públicos de investigación y al sistema público de ciencia y tecnología al borde del colapso. Por falta de financiación estructural y por dilaciones y recortes en las convocatorias competitivas de proyectos de investigación, de las que aún están pendientes de publicar en el BOE las del año 2013.
Todo ello no supone que el actual Gobierno del presidente Rajoy se indigeste al recoger en el informe económico y financiero del proyecto de presupuestos del 2014 el siguiente análisis irreal: «La prioridad otorgada en los últimos años a la política de I+D+i ha permitido aproximar los recursos públicos del sistema de I+D+i a la media comunitaria». Cuando, si nos trasladamos a la realidad, la media para la UE-27 es del 2 % del PIB, y la española de un 1,27 %. Y la prioridad proclamada contrasta con la reducción del gasto en I+D, descontados los préstamos, de un 50,5 % en cuatro años. Reducción que se ha corregido con unos 175 millones de crédito extraordinario aprobados entre junio y octubre de este año 2013, de los que unos 90 se destinan al rescate del CSIC para evitar su colapso, como bien habían advertido su presidente, Emilio Lora Tamayo, y la comunidad científica.
Las incertidumbres para el año 2014 persisten para la ciencia española si en el trámite parlamentario no se le pone remedio al escenario diseñado en los presupuestos, se mantiene la precariedad en el sistema público de I+D, y sobre todo en sus instituciones investigadoras, donde se insiste en congelar la asignación presupuestaria del Estado para el CSIC.
Porque antes del ministro De Guindos, y también después de él, no ha sido ni será posible desarrollar políticas de alcance en la I+D sin instituciones sólidas que las soporten, ya que en ellas residen las capacidades para resolver la dotación en capital humano, o la optimización de las instalaciones, y desde luego la capacidad directiva del sistema científico y tecnológico hacia la consecución de objetivos estratégicos útiles para el país, sus ciudadanos y su economía.