Inés del Río: 26 años de cárcel por 24 asesinatos

Roberto Blanco Valdés
Roberto L. Blanco Valdés EL OJO PÚBLICO

OPINIÓN

23 oct 2013 . Actualizado a las 14:54 h.

Escandalizado por la impúdica alegría con la que muchas gentes pretendidamente progresistas han acogido la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos sobre la doctrina Parot, deseo comenzar confesando que esta es una de las columnas más tristes que jamás he tenido que escribir.

Y no porque crea que el Tribunal Europeo se ha equivocado en el pronunciamiento central de su sentencia -el que declara que una doctrina judicial que supone una limitación de derechos no puede aplicarse con carácter retroactivo-, sino porque estoy convencido de que el efecto de esa correcta aplicación de un principio básico del Estado de derecho (el de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos, que garantiza nuestra ley fundamental) va a producir una inmensa injusticia material.

La doctrina Parot, según la cual los beneficios penitenciarios de un penado no deben aplicarse a la pena máxima legal que aquel ha de cumplir sino al total de su condena, es tan de sentido común que lo escandaloso es que tuviera que ser un tribunal quien la fijase en el 2006 y no el legislador el que la estableciera legalmente mucho antes, cuando todos sabíamos ya que los etarras (y otros delincuentes) castigados con penas de docenas, cientos o incluso miles de años de prisión salían de la cárcel tras haber cumplido una ridícula porción de su condena, en no pocos casos para volver de inmediato a cometer crímenes horrendos.

Ha sido, pues, el legislador español, que no evitó en los años ochenta esa escandalosa situación porque no le dio la gana, y no el Tribunal Europeo, el directo responsable de un tratamiento penal inicuo y vergonzoso que nada tiene que ver con la justicia material: aquel por virtud del cual es igual matar a uno que a sesenta, por aplicación de una legislación concebida mucho más para proteger a los criminales que a sus víctimas.

Como consecuencia de todo ello (lo que ayer llamaba Tino Novoa es estas páginas con toda la razón «el tributo de una época»), lo que nos aguarda es sencillamente espeluznante: por un lado, ver salir de prisión a etarras a los que cada asesinato les saldrá por uno o dos años de condena; por el otro, contemplar a los etarras celebrando esa injusticia insoportable como la victoria que al terrorismo le faltaba.

El mismo día que se conocía la sentencia de Estrasburgo tuvimos un adelanto de esto último: Pernando Barrena, histórico de ETA-Batasuna, y, amparador de crímenes terribles, declaraba que la sentencia de Estrasburgo era «un logro de todos los que creemos en el respeto de los derechos humanos». Es con esta vomitiva bazofia de la peor canalla que ha dado nunca este país con la que vamos a tener que convivir mientras pistoleros con decenas de muertos a sus espaldas se pasean tan tranquilos por la calle.