¿Sobran los maquinistas?


El juez Luis Aláez, competente en la instrucción del sumario por el accidente del tren Alvia en la curva de A Grandeira, ha resbalado al acusar al ADIF de imprudencia punible por «omisión de cautelas por quienes tienen que garantizar la seguridad en la línea [férrea]», porque meterse en imputaciones genéricas da alas a quienes quieren exonerar al maquinista.

Es verdad que señala que «la causa esencial del descarrilamiento ha sido la indebida conducción llevada a cabo por Francisco José Garzón por circular a una excesiva velocidad», pero Aláez se aleja del sentido común al añadir que también «ha existido una omisión de cautelas elementales por quienes tienen la misión de garantizar la seguridad de las circulación ferroviaria en dicha línea».

Será el juicio y la sentencia definitiva la que asigne culpas y responsabilidades y castigue conductas, pero hipótesis como la del instructor son argumentos para quienes consideran que ha llegado la hora de suprimir los maquinistas, porque si no mueren en el accidente nunca son culpables de él, ya que la responsabilidad individual casa poco con nuestras leyes y costumbres en este tipo de sucesos. No es baladí ahorrar al contribuyente 530 millones en salarios e impuestos de los 5.300 maquinistas de Renfe y sustituirlos por robots, que son más eficientes, no se distraen hablando por teléfono o consultando la tableta y además no hacen huelga.

El sistema ERTMS de nivel 3, el más avanzado en el mundo de la alta velocidad, permite la conducción automática sin intervención humana porque el ordenador de a bordo actúa sobre el tren y recibe permanente información de la vía, hasta el punto de que acelera, frena y para el convoy en función del trazado y de las circunstancias de este en cada momento.

Que las distintas modalidades de transporte público del futuro serán de conducción automática y sin participación humana a bordo es indiscutido por técnicos y especialistas del ramo. La cuestión es cuándo estará preparado psicológicamente el viajero para aceptar ese sistema y cuándo su implantación no será un problema para los sindicatos. Hipótesis como las del juez, tendentes a diluir la responsabilidad penal individual en otra colectiva y universal, y actitudes corporativistas pueden acelerar la implantación.

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