Cada año por estas fechas el fiscal general del Estado agita la memoria colectiva con el recuento de la criminalidad en España. Y ayer hubo dos novedades que se podían esperar: el terrorismo no es un problema por su actividad, aunque sigue ahí como amenaza, y la corrupción es el delito más grave y que registra mayor incremento: en los últimos tres años, los fraudes cometidos por autoridades y funcionarios públicos aumentaron casi un 130 %. Naturalmente, el señor fiscal habla de los casos que han llegado a la Fiscalía, es decir, a los descubiertos, no a los cometidos, cuyo número siempre será un misterio, aunque debamos temer lo peor.
El dato es desalentador. Confirma que la ética pública está por los suelos. El aumento de la delincuencia de administradores públicos es inaceptable. Se acerca a la definición de «país corrupto» que siempre niegan las autoridades, empezando por el presidente del Gobierno. Y ese incremento se produce a pesar de todo lo que se publica, de la condena social que supone cada caso y de la vergüenza a que son sometidos los autores con la llamada pena de telediario y otras vejaciones. Sigue siendo cierto un principio jurídico aplicado hasta ahora a los crímenes: donde hay un ladrón dispuesto a robar, es seguro que se va a cometer un robo. En las Administraciones públicas, un 130 % más.
Tan penosas consideraciones se compensan de alguna forma con otro dato contenido en la Memoria de la Fiscalía: el del número de sentencias dictadas en el mismo período: un 151 % más. Supongo que entre ellas está, naturalmente, la del jurado que proclamó inocente a don Francisco Camps por el célebre asunto de los trajes. Pero quiere decirse que los jueces trabajan. Queda desmentido que la Justicia esté asistiendo a la extensión de las corrupciones como quien oye llover. Y queda abierto un interrogante: ¿cómo es posible que, ante tal incremento de sentencias, la sociedad tenga la impresión de que la Justicia no actúa y persigue poco al corrupto? ¿Será que los medios informativos difundimos más el escándalo que la solución judicial?
Es posible, pero sucede otra cosa: que en los tribunales se sustancian con relativa eficacia los episodios menores, quizá los más locales, pero se tarda una eternidad en penetrar en los grandes casos que alarmaron a la opinión. Los ERE de Andalucía, Nóos o Gürtel son historias interminables que, encima, son sentenciadas antes por la justicia popular de los juicios paralelos que por la justicia profesional. Eso es lo que crea en la sociedad la impresión de que los poderosos son impunes. Agilícense esos casos, hágase pronto la verdad judicial caiga quien caiga y se verá que el pueblo llano empieza a confiar.