La cadena humana formada en Cataluña para conmemorar la Diada de este año ha sido un éxito como fórmula de expresión de un mensaje en nuestro mundo acostumbrado a lo visual. Lo ha reconocido, sorprendentemente, el ministro de Asuntos Exteriores. No se trataba de una iniciativa lúdica. Era expresión de un objetivo político, con pretensión de representar el pensar y el sentimiento de la mayoría de los catalanes sobre un genérico derecho a decidir y un más concreto independentismo a materializar en un Estado. Un asunto nada baladí, que no puede despacharse de repente, y menos a la ligera. En lo que se ha venido llamando «la cuestión catalana» están mezclados sentimientos y razones. La respuesta no puede limitarse a recordar cuál es la legalidad, ni cuál es la verídica historia en la que aquellos se apoyan. Y tampoco es solución mercadear con ellos cuando se presentan como dignidad colectiva. Dejando aparte las dos intentonas durante la República, nunca la «cuestión catalana» había llegado tan lejos.
¿Qué solución tiene? Para el PSOE, una vez más condicionado por el PSC, la salida es la reforma de la Constitución en clave federal. Puestos a pedir independencia no parece que sea satisfactoria, ni que el PP esté por la labor. Desde el nacionalismo catalán, que es plural, se pide que la Constitución no se convierta en «un callejón sin salida». Presidente y portavoz remiten al marco de la Constitución para el diálogo. En el momento constituyente Miquel Roca llegó a decir que «los catalanes hemos roto el dramático cerco de la singularidad» al ser aprobado el cambio introducido en el proyecto de Constitución, que inicialmente preveía asambleas legislativas en todas las comunidades autónomas. Por primera vez se sentían cómodos en España.
¿Qué puede hacerse? La importancia del asunto requiere una profunda reflexión. Cuando existe un conflicto lo más frecuente es que las partes tengan responsabilidad, aunque no en igual medida. Lo primero, en lugar de encastillarse, sería reconocer los errores. Es obvio que Mas se equivocó al rebasar una línea roja y le resulta difícil dar marcha atrás. Él es responsable de sus acciones. Hay que recordar, sin embargo, que el catalizador del desastre fue la históricamente irresponsable promesa-incitación de Rodríguez Zapatero de respaldar, con el PSC por medio, el nuevo Estatuto de Cataluña, con el enredo posterior que llevó a la confrontación del referendo popular con el Tribunal Constitucional. El problema estaba latente, pero se conllevaba. Cuando ahora se apela a la Constitución habría que recordar que UCD, PSOE y PP no la han respetado. Habría que reconocerlo y volver a lo que dice la Constitución y no a lo que la vicepresidenta, abogada del Estado, aprendió de una arrogante orientación doctrinaria, patente en el informe sobre reforma de las Administraciones públicas, que no entra en el meollo del tema. Se eliminaría una de las razones por las que hoy los Roca se sienten menos cómodos que en 1977.