En la sociedad de garantías, derechos y seguridades a ultranza que hemos construido se nos ha olvidado incluir la responsabilidad individual, igual que nos dejamos en el tintero los deberes. Y como consecuencia de ello lo que nos pasa es siempre culpa de otros.
Esta extirpación del riesgo en los actos del individuo como fruto de su libre albedrío se constata en buena parte del periodismo actual, que busca lo retorcido en determinados sucesos y omite los hechos para convertir en anormal lo que es normal. Viene esto a cuento de las noticias de ahogados que han llenado páginas este agosto en algunos diarios llamados nacionales y ocupado tiempo en informativos de radio y televisión. Por lo visto, es noticia de primera que en un día en que se bañan 15 millones de personas en nuestros miles de playas, pantanos, ríos, charcas y piscinas se ahoguen dos que no sabían nadar. Y la información adquiere más relevancia tipográfica y dramatismo si las víctimas son niños, hijos de inmigrantes y han muerto en un pantano en el que reiterados carteles advierten de que está prohibido acampar y bañarse. A partir de ese momento la responsabilidad de los padres y demás integrantes del grupo, que han incumplido la prohibición, metido a sus hijos al agua y desentendido de ellos, se cubre con un tupido velo y el periodista se dedica a pedir responsabilidades a las Administraciones porque en esa zona del ahogamiento no había vigilancia ni ningún samaritano público que habría podido salvar a las criaturas.
A juicio de esos medios y sus periodistas, cada metro de agua debe estar vigilado por policías, guardias civiles, bomberos, socorristas o agentes forestales para que cualquier tarambana que se bañe tenga el manto protector de un dispositivo gratuito que le salve del posible infortunio.
En muchos países, varios de nuestro entorno, cuando alguien sufre un percance por culpa de su imprudencia y se movilizan medios de búsqueda y socorro, lo que llega al domicilio del socorrido es una multa por el incumplimiento de la norma y la factura pormenorizada de lo que debe pagar por la movilización de esos equipos. En España, lo que cosecha el infractor es una gavilla de reseñas periodísticas que le defienden y docenas de declaraciones de partidos, sindicatos, asociaciones vecinales y colectivos plañideros reclamando más seguridad y descalificando a los poderes públicos.
La gente se ahoga porque así es la vida y así tiene que seguir siendo. Lo noticiable será que deje de ocurrir.