L a última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera no ha descubierto nada que no supiéramos: que las comunidades autónomas están endeudadas al máximo. La solución, establecer un déficit a la carta para cada una de ellas. Y eso cinco días después de que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto de reforma de la Administración local, cuyos responsables no paran de loar sus bondades a todos los que les quieran oír. Lo que me lleva a una reflexión: si existe una fórmula tan buena de racionalización y sostenibilidad de la Administración que nos lleve, en definitiva, a una reducción del gasto público, ¿por qué se aplica a aquella cuya deuda es tan solo del 4 % del PIB y no a la que casi la quintuplica, como la autonómica?
Habiendo dado con el bálsamo de Fierabrás, no sé por qué no aplicarlo a todos los males. Si las comunidades autónomas publicasen los costes efectivos de sus servicios podría haber algún organismo, no necesariamente elegido en las urnas, como pudiera ser, por ejemplo, el propio Consejo de Política Fiscal y Financiera que, a modo de diputación provincial, estableciera un coste menor para el caso de su prestación coordinada, de tal suerte que servicios como educación, sanidad o servicios sociales salieran fuera de la órbita de decisiones autonómicas para ser gestionados por este consejo, que decidiría sobre su prestación directa o la implantación de fórmulas de gestión compartida. Igualmente, las que estuvieran en dificultades económicas, que ahora mismo son todas, tendrían que presentar un proyecto de fusión con una comunidad autónoma colindante.
Esto, que puede parecer una barbaridad, o cuando menos un sinsentido, es precisamente lo que acaban de aprobar para la Administración local. Y creo sinceramente que es por un absoluto desconocimiento de esta. Alguien puede ser muy bueno en Administración pública, incluso el mejor, y puede rodearse de organismos, comités, asesores, expertos, etcétera, que también lo sepan todo de la Administración, que como nadie conozca lo que es un ayuntamiento y una diputación esto no puede salir bien, y no debe haberlo porque si no no habría salido el texto que ha salido. La reforma aprobada no es solo muestra de un rotundo desconocimiento del mundo local sino una desconsideración hacia ese segmento del Estado, como si fuera un gobierno menor, cuando son los ayuntamientos los que nos recogen la basura, hacen que salga agua al abrir el grifo, nos arreglan las calles, nos ayudan a atender a nuestros mayores en su propio domicilio, nos abren pabellones, bibliotecas? en fin, nos prestan los servicios que usamos todos los días. Y, como todo en esta vida, nos daremos cuenta de lo que valen cuando los perdamos. No es una frase hecha, es el anuncio de lo que va a pasar en el plazo máximo de un año, si antes nadie lo remedia.
Alejandro de Diego Gómez es secretario de Administración local