Asimetrías del déficit: los árboles y el bosque


Justo antes de irnos de vacaciones se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera para bendecir un reparto del déficit en el que pueden incurrir las comunidades autónomas que permita a Cataluña y a otras regiones con graves desequilibrios fiscales tener más margen que el conjunto de las autonomías.

Ayer mismo nos informaba el Ministerio de Hacienda de que en lo que llevamos de año el déficit del Estado había llegado ya al tope para el conjunto del año (un 3,8 %, al que se sumaría el 1,3 % para las comunidades autónomas y un 1,4 % para la Seguridad Social; en total, el 6,5 % aceptado por la Comisión Europea). De manera que el Estado, aun después de reservarse casi el 60 % del déficit total, ya se lo habría fumado. ¿Es esto normal?

Lo que está haciendo el Estado es descargar el peso del ajuste fiscal sobre las prestaciones sociales (sanidad y educación), que son las principales partidas que cubren las comunidades autónomas. Esta es la principal y más grave asimetría, pues supone anteponer los gastos centrales del Estado a los gastos sociales de las regiones. ¿Y cuáles son aquellos gastos?

Pues a día de hoy los que más pesan sobre el Estado son los intereses de la deuda pública y las prestaciones de desempleo. Una tiene que ver directamente con el negocio bancario y la otra, indirectamente, con los desastres bancarios. Es eso lo que se antepone a los servicios públicos sanitarios y educativos. Parecería más lógico soportar aquellas dos partidas con un recargo especial en el impuesto de sociedades (tal como tenemos ya en el IRPF) que sacarlo (previo reparto asimétrico del déficit) de la sanidad o la educación.

En el caso de la Seguridad Social, habría que valorar si, por ejemplo, suprimir los topes a las bases de cotización podría ser un esfuerzo de solidaridad razonable para los cotizantes de mayores ingresos, que permitiese un mayor margen.

Si así fuese podríamos contar al menos con un 2 % en vez de con un 1,3 %, una cifra que evitaría que, por ejemplo, la Xunta meta la mano en las nóminas de los funcionarios un día sí y otro también. Con un 2 % medio para las comunidades podría incluso valorarse dar más margen a quien menos deuda acumulada tenga (y no al revés) o, como sostienen prestigiosos hacendistas (Santiago Lago entre otros), fijar ese porcentaje no sobre el PIB, sino sobre los ingresos no financieros.

Pero estos últimos ajustes y los repartos asimétricos que ha bendecido el señor Montoro son los árboles que no debieran ocultarnos el bosque del gran truco inicial: que sean los servicios públicos básicos los que transfieran sus recursos a los tejemanejes financieros.

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