El 24 de abril más de mil trabajadores perdieron su vida y 2.500 resultaron heridos en Daca, la capital de Bangladés, cuando se derrumbó la ruinosa fabrica en la que trabajaban. Unos meses antes, el 26 de noviembre del 2012 y en la misma ciudad, 112 trabajadores murieron quemados en un incendio de otra fábrica textil. La muerte en el trabajo no es por lo tanto algo excepcional sino la terrible realidad cotidiana en la industria textil de los países más pobres.
Y Bangladés ocupa el escalón más bajo en la cadena de la subcontratación de la industria textil de todo el mundo. Sin derechos laborales, con los sindicatos prohibidos, sin ningún tipo de protección social ni seguridad en el trabajo, cobrando apenas 30 euros al mes por jornadas de 12 horas diarias, los obreros textiles, hombres y mujeres, pagan con su miseria, con su salud y con su vida una parte no menor de los beneficios de las grandes industrias textiles y de las cadenas de distribución en todo Occidente.
La organización sindical internacional IndustriALL estima que el coste laboral de cada camiseta fabricada en Bangladés está por debajo de los 2 céntimos de euro. Con ese coste laboral, los cuatro millones de trabajadores, en las 200.000 instalaciones industriales que hay en ese país, producen cientos de millones de prendas cada año que después se venden bajo la marca de los grandes imperios de la moda. Bastaría con que les pagaran menos de 10 céntimos más por prenda para duplicar el salario y transformar las insoportables condiciones de seguridad de las fabricas de Bangladés.
La industria textil es básica en ese país, aporta el 20 % del PIB y es su exportación fundamental. Y eso da una enorme capacidad de presión a las no más de 20 grandes multinacionales del textil en el mundo que si quieren pueden dejar de ser cómplices de la barbarie para transformarse en un factor de cambio decisivo. Porque no se trata de dejar de fabricar en Bangladés, de boicotear lo producido allí, porque eso sería matar por hambre a los que sobrevivieron a los escombros.
Se trata de obligar al Gobierno autocrático de ese país y a sus empresarios locales a aplicar las normas internacionales que establecen el nivel mínimo aceptable, las normas de la OIT. Obligarles al reconocimiento de los derechos laborales, a establecer un salario decente y unas condiciones dignas de trabajo, y el derecho a la libertad sindical.
Y ahí es donde entramos tú y yo. Como ciudadanos conscientes, como trabajadores con derechos y, sobre todo, como consumidores con capacidad de elección. Porque es nuestra obligación moral, y también la de los sindicatos occidentales y de los Gobiernos democráticos de los países más ricos, convencer a esas veinte multinacionales del textil para que actúen ya.