Las declaraciones del ministro de Justicia sobre una nueva regulación del aborto han situado en el primer plano de la atención pública esta cuestión, de una importancia que es innecesario ponderar. Se abandonaría el sistema de plazos hoy vigente instaurado con Rodríguez Zapatero y se volvería, con alguna variante, al de supuestos que se recogía en la ley de 1985 aprobada siendo presidente del Gobierno Felipe González. No quiero referirme ahora al meollo del asunto, ocasión habrá, sino a la reacción que ha promovido el PSOE. Se habla de una campaña. Está en su derecho de oponerse a la reforma proyectada. Defendió la ley vigente; de un modo coherente puede seguir defendiéndola ahora. La manera de hacerlo me parece discutible.
Una de las razones aducidas para sustituir la ley socialista de 1985 consistió en que el supuesto de grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer había resultado un coladero. Ciertamente lo fue. Habrá, de todos modos, que recordar que en el proyecto de ley, declarado inconstitucional por incumplir garantías exigidas por el reconocido derecho a la vida, no se hablaba de salud psíquica, en cuya interpretación reside la clave de la burla de la ley. Si esa era la causa fundamental del fracaso, desde el propósito del legislador hubiera sido más razonable taponar esa fuga que cambiar el sistema. Es lo que parece que se pretende en la nueva iniciativa y no puede negarse al PP el derecho a promoverla y a aprobarla con su democrática mayoría absoluta.
Resulta todavía más sorprendente que la campaña para frenar la reforma se base en que el Gobierno actúa «al dictado de los obispos», que la ley «responde a presiones de la Iglesia». Se amenaza desde la cúpula del PSOE con que si el Gobierno va a ir de la mano con los obispos se exigirá la denuncia de los acuerdos con el Vaticano que, por cierto, fueron firmados en 1979, cinco días después de la entrada en vigor de la Constitución y ratificados por autorización de las Cortes democráticas. Una especie de chantaje político con la Iglesia por medio o, si se me permite el vocablo de moda, organización de un escrache tratando de intimidar al PP con el sambenito de ser un lacayo del Vaticano o, lo que me parece más grave, de violentar la libertad religiosa reconocida constitucionalmente. Cada ciudadano es libre para mantener sus creencias. Ejerce sus derechos, y participa en la vida pública, al menos con su voto, de acuerdo con sus propias convicciones, con su conciencia si no molesta el término. Cómo la forma cada quien es cuestión personal. Al ejercer sus derechos el creyente no representa a la Iglesia, católica en este caso. Por la misma razón asume su personal responsabilidad. No deja de chocar que quienes se consideran al margen de la creencia la utilicen en el proceso de hacer leyes, cuando ellos mismos, y con razón, sostienen que es competencia del Parlamento. Ese escrache vulnera el derecho fundamental a no ser discriminado por razón de religión.