No saben qué hacer con los escraches

Fernando Ónega
Fernando Ónega DESDE LA CORTE

OPINIÓN

11 abr 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

El Gobierno Rajoy no consigue entender por qué hay tanta protesta social contra los desahucios. Su razonamiento es: si ya los había con Zapatero, ¿por qué nadie se quejaba entonces? Y, como no consigue explicarlo, lanza la tesis de la conspiración: no es una revuelta contra los desahucios, sino contra el PP. Como el argumento es algo paranoico, aunque sea real, la prensa más próxima lanza otra tesis: la inmensa mayoría de los desahucios que se ejecutan en el mandato de Rajoy fueron iniciados en la etapa de ZP. Por tanto, ahí tenemos un ingrediente más para agrandar la herencia del PSOE: no solo dejó malas cuentas, sino un incendio de desahucios que, como otros fuegos heredados, tiene que apagar el PP. De esta forma, cualquier presión sobre un cargo del partido no es una protesta social, sino una acción contra el mandato de las urnas. Eso dice la literatura oficial.

¿Y qué se hace a partir de esa actitud mental? Mandar los guardias. No se puede impedir el ejercicio del derecho de manifestación, pero se puede limitar, y el Gobierno demostró no saber cómo. Primero habló de un cinturón de seguridad de 300 metros en torno a domicilios de ministros, diputados y demás cargos públicos, después lo negó y al final el cinturón se cambió por criterios de proporcionalidad y equilibrio que se decidirán en cada caso. Es decir que, si hay diez mil cargos del PP, es posible aplicar diez mil criterios distintos. Es lo que tiene meterse a reprimir derechos básicos.

¡Vaya marrón, señor ministro! ¿No les resultaría más fácil y hasta popular proponer más garantías jurídicas para el hipotecado, como pide la Defensora del Pueblo? O algo más elemental: ¿es delito el escrache? Si lo es, aplíquese la ley. Si no lo es, lo siento, pero toca aguantar. Ajo y agua, que dice el personal, porque además ya resulta un poco molesto lo que popularmente se llama el retintín; es decir, el tono del discurso político. En el momento en que un gobernante empieza a ver intenciones de derribo en cada acción de un movimiento social, mal síntoma. Es que empieza a sentirse acosado. Tiende a magnificar el problema. Demuestra una piel delicada ante las inquietudes populares. Y, en consecuencia, corre el riesgo de no buscar soluciones, sino fórmulas de defensa contra esos enemigos que le han salido y empieza a confiar más en los guardias que en la razón.

Me temo que estamos en esa fase, y lo lamento. Ya sé que gestionar el orden público es muy complicado; pero pensar que la policía resuelve el problema de los escraches puede ser una grandiosa ingenuidad. Hay que contar con la capacidad de respuesta de los activistas. Y la experiencia indica que son más rápidos e imaginativos que los ocupantes del poder.