El clientelismo, el nepotismo, la corrupción, la subvención desigual, la tolerancia urbanística, el contrato por financiar al partido, las recomendaciones variopintas, así como otras tropelías diversas, mayores o menores, constituyen todavía una parte no pequeña de nuestra cultura política. Una cultura que funciona ignorando la democracia, el comportamiento cívico y la justicia. Una cultura que hunde sus raíces en la historia, en la desconfianza ante el Estado y en la desigualdad excesiva. Una cultura que entre todos deberíamos desterrar con firmeza a través de la ley, la educación, el premio y el castigo.
¿Cómo fortalecer la educación cívica y la democracia desde las Administraciones públicas? La respuesta parece sencilla a ciertos gobernantes (respeto al ciudadano y transparencia), pero, aun así, entre lo dicho y lo hecho existen trechos excesivos. Por ejemplo, si un alcalde no rinde las cuentas en tiempo y forma de manera reiterada y sin explicación alguna, no solo incumple la ley, también ofende de forma grave al ciudadano contribuyente. Y si no se entienden estas cosas, la situación es todavía peor.
Pero el municipio es siempre escuela primaria de educación democrática y está en condiciones de ofrecer hoy, mediante su página web, abundante información y transparencia. Los municipios pueden ordenar sus ingresos en tributos propios (que pagan los vecinos), transferencias y subvenciones (que soportan las personas ajenas al mismo), los ingresos por deuda (que pagan las generaciones futuras), así como otros ingresos menores de origen diverso; mostrar el coste anual de la corporación y de los trabajadores públicos; el patrimonio de cada gobernante el entrar y al salir del concello; el coste de cada servicio prestado, así como su financiación; el importe de la deuda acumulada y de la carga financiera; las transferencias y subvenciones recibidas del Estado, comunidad autónoma y diputación provincial; la cuantía de los tipos impositivos y de sus modificaciones; las inversiones realizadas en el ejercicio y cómo se financian; los ingresos por enajenaciones patrimoniales; préstamos concedidos por el concello a los trabajadores públicos; la distribución de cargas y beneficios asociados a la gestión urbanística; las subvenciones y ayudas otorgadas, indicadores presupuestarios que facilitan su comprensión (esfuerzo fiscal, ahorro neto, saldo no financiero, remanente de tesorería, etcétera).
Pero la información económica no debe impedir el conocimiento vecinal de los acuerdos adoptados en los órganos correspondientes, a fin de verificar si los objetivos del proyecto prometido en el proceso electoral se logran parcialmente en cada ejercicio y en su totalidad al finalizar el mandato. Así es como la transparencia refuerza a la democracia.