El sector eólico, víctima de la inseguridad jurídica


La Asociación Eólica de Galicia (EGA) es una organización empresarial formada por 32 sociedades que promueven los parques eólicos derivados del concurso promovido por el Gobierno de la Xunta y que, junto con los parques en explotación, constituyen el Plan Eólico de Galicia. Producen la práctica totalidad de la energía eléctrica que se genera con los 3.289 MW eólicos instalados en la comunidad autónoma.

El pasado 2 de febrero se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero, que fue convalidado por el Congreso de los Diputados el 14 de febrero.

A nuestro juicio, este decreto-ley es la última manifestación de una política energética totalmente improvisada, errática e incoherente del Ministerio de Industria, que pretende hacer responsable al sector eólico del déficit de tarifa, mediante una continua y sorprendente campaña de descrédito. Este planteamiento, con resultar perverso y falto de toda realidad, oculta intenciones que tienen por único objeto desincentivar el desarrollo y madurez de dicha tecnología.

Consideramos que esta norma manifiesta graves vicios de inconstitucionalidad, ya que atenta contra la seguridad jurídica del sistema, contra el principio de confianza legítima y contra la expresa irretroactividad de las normas. Estos aspectos amparan y justifican la interposición del oportuno recurso directo de inconstitucionalidad.

Es firme intención de la Asociación Eólica de Galicia promover las oportunas cuestiones de inconstitucionalidad ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, tan pronto como procesalmente puedan plantearse. Sin embargo, también es cierto que el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional legitima el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad al presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, a cincuenta diputados o senadores y, en su caso, a los órganos colegiados ejecutivos y las asambleas de las comunidades autónomas que pudieran verse afectados por la normativa cuestionada.

Por ello, dada la gravedad de la iniciativa legislativa arriba indicada, EGA se ve en la obligación de trasladar a don Alberto Núñez Feijoo, presidente de la Xunta, la preocupante situación en cuanto a la aplicación del Real Decreto-Ley 2/2013. Este no solo pondrá en riesgo la viabilidad económica de un buen número de instalaciones en funcionamiento, sino el futuro del concurso eólico actualmente en tramitación. Y, en esta situación, solicitamos expresamente que el Gobierno de Galicia tenga a bien interponer el oportuno recurso de inconstitucionalidad contra el citado decreto-ley.

Esta medida no deja de ser la consecuencia coherente de la senda ya abierta por su Gobierno cuando decidió interponer recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. Esta medida fue verdaderamente aplaudida por el sector eólico como una actuación expresa en defensa de sus intereses.

En este sentido, quedamos a disposición del presidente de la Xunta para trasladarle en persona la preocupación del sector y los efectos que se derivarán del real decreto-ley mencionado.

Por Íñigo Muniozguren Secretario general de la Asociación Eólica de Galicia

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