Obviamente no tengo preferencias entre el juez Ruz y el juez Bermúdez. Los dos pueden ser justos y promover el esclarecimiento y la justicia frente a los Gürtel, Bárcenas y aledaños populares, o ambos pueden quedar enredados en una más de las marañas procesales en las que tantos casos con implicaciones políticas y económicas embarrancan en nuestro país. Por ello no es buena noticia que cuando parecía al fin que alguien de la judicatura asumía o retomaba lo que asoma en los papeles del anterior tesorero del Partido Popular, estemos de hoz y coz en un nuevo asunto de procedimiento.
La Gürtel, en mi opinión uno de los mayores escándalos político-económicos de nuestro país, costó la carrera judicial al señor Garzón y mantiene embarrado el campo procesal por más que en ese proceso haya más personados que imputados. Y al parecer todavía no están todos y aparecen cada día nuevos denunciantes y querellados. En busca de justicia y claridad.
O quizá no, y tanta denuncia y querella sea más afán de entorpecer en el procedimiento que no resolver en justicia. Como si los imputados y sus defensas no fueran suficientes para usar y abusar de garantías procesales, como ha sucedido en estos casos y en otros anteriores, deshaciendo o invalidando pruebas hasta alcanzar la nulidad o el sobreseimiento. Porque no de otra forma cabe interpretar que las diligencias de investigación en otros países, para conocer cuentas y movimientos financieros del señor Bárcenas, pudieran ser paralizadas por él y sus abogados durante un año. O que pudiera tener conocimiento, con antelación a las propias autoridades judiciales, de la llegada de la colaboración internacional solicitada, y sobre ello montar su estrategia con tinta de calamar. En un toma y daca de amenaza y negación, escenificado en sus apariciones en las calles de Madrid protegido con su abrigo Chesterfield, o haciendo su gesto grosero y altanero al volver de tan merecido descanso deportivo en nieves americanas.
Menoscabado como está en la opinión pública el prestigio de los jueces y la propia equidad de la Justicia, y bien conocidas las capacidades de la Brunete procesal, actuante en tanta acción judicial que comprometa poderes e intereses económicos, inquieta la aparición de tanta denuncia, querella, juez y magistrado actuando al tiempo sobre los expolios de lo público, que tal es -presuntamente- el Gürtel y los millones de euros gestionados -para sí o de parte- por el extesorero popular.
A tanto enredo no son ajenos políticos y partidos, que esperan -siempre esperan y confían- que una buena parte de los ciudadanos pierda memoria en el momento de elegir, y que aquello que sucede en los juzgados quede confinado en los juzgados, sin alcanzar a su poder. El derecho procesal, emanado de la Constitución y las leyes, protege y garantiza derechos ciudadanos, también en una justicia desigual, pero no dejemos que sirva para enredar y olvidar.