Europa nos asfixia, nos exige condiciones económicas imposibles, pero tiene buenas leyes comunitarias que puede imponer a sus miembros y que, lamentablemente, solo descubrimos cuando se denuncia alguna injusticia. Es lo que acaba de ocurrir con la legislación hipotecaria. Hizo falta que un juzgado de Barcelona pidiese dictamen sobre desahucios al Tribunal de Justicia de la UE para descubrir que las leyes españolas son antiguas, injustas y ajenas a un entendimiento decente de principios básicos del derecho.
La norma europea es del año 1993; es decir, de hace veinte años. Entonces gobernaba en España Felipe González, y ni él ni sus ministros tuvieron el instinto de acomodar o corregir nuestra legislación. Después gobernó Aznar, y sus equipos jurídicos tampoco se dieron por enterados. Y llegó Zapatero y la crisis y la tragedia de los desahucios, y no hubo un miembro de su equipo a quien se le ocurriera prever el drama que teníamos encima, a pesar de que se empezaba a producir. Y vino Rajoy, con ese drama ardiéndole en la calle, en los medios informativos y en los suicidios, y tampoco tuvo a nadie entre todos sus flamantes asesores que lo alertara de esa flagrante ilegalidad española.
Nadie movió un dedo. Ningún Gobierno rectificó nada, como temiendo desestabilizar el sistema bancario, o como si fueran exclusivamente defensores de los intereses de la banca. Y algo peor: cuando un grupo de activistas integrados en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca consiguió reunir millón y medio de firmas para cambiar la Ley Hipotecaria y reclamar la dación en pago, se admitió a trámite porque no quedaba más remedio por vergüenza torera, pero con más prevenciones que si fueran los papeles de Bárcenas. Por ahora, apenas se dio un paso en su tramitación. Solo hubo un par de decretos sin la menor consecuencia.
Ahora hay que hacer lo que manda el Tribunal de la UE: que un juez pueda declarar abusiva una cláusula de un contrato; que pueda suspender, al menos cautelarmente, la ejecución de una hipoteca, y que se garantice la protección mínima del consumidor, de acuerdo con las normas europeas. Dicho en otras palabras: hacer normales en los desahucios las garantías jurídicas propias de una democracia. No se trata de aceptar automáticamente la dación en pago. Se trata de algo tan elemental como la tutela judicial en un trance dramático. ¡Y eso tiene que decírnoslo Europa! ¡Y tuvo que surgir de la reclamación de un ciudadano marroquí! Ahora Ruiz-Gallardón asume que habrá que cambiar la ley. Bien caído del caballo, señor ministro y ministros de los Gobiernos anteriores. Pero podían tener la delicadeza de pedir perdón a cuantos perdieron su casa sin un mínimo derecho a reclamar.