El magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano no suele andarse por las ramas. Hace poco más de un mes le preguntaron en Oviedo por Urdangarin y respondió con toda llaneza: «Si hay que meterlo en la cárcel, se le mete». El pasado 27 de febrero, en un tono que parecía un poco agrario, se dirigió a los letrados del caso Campeón: «Que el fiscal y, en su caso, la defensa soliciten el sobreseimiento de la causa o la petición de suplicatorio». Estaba hablando de José Blanco y, como es natural, lo más notable para los medios informativos ha sido la respuesta del fiscal: que el juez pida el suplicatorio para poder procesar al señor Blanco.
Quiere decirse que el exministro y ex vicesecretario general del PSOE se encuentra en el momento más delicado de su vida, señalado con el dedo de la opinión en un país donde se dictan antes sentencias populares que judiciales. Ayer estuve mirando los comentarios de los espontáneos en las ediciones digitales de los periódicos y ocurre lo mismo que en el caso Bárcenas, en el Pallerols, en el Gürtel y en todos los demás: quienes están a favor de Blanco lo defienden con ardor. Quienes están en contra utilizan una vehemencia inquisitorial. Con una ventaja para el político lucense: todavía tiene defensores.
Uno de ellos, mientras no se demuestre lo contrario, este cronista. Conozco a Blanco lo suficiente como para saber que tiene debilidades, pero no más que la media de los ciudadanos. Tiene ambiciones: de lo contrario no habría entrado en política. Seguramente aprovechó algunas ventajas del poder, que tuvo muchas: yo mismo le escuché a Rodríguez Zapatero cómo Pepe Blanco había pasado de ser un oscuro diputado a ser «el hombre más llamado de España». Pero no creo que haya cometido delito de corrupción. Sinceramente no lo creo. Ayer lo pudimos escuchar y su actuación me parece correcta: da la cara ante la prensa y anuncia que él mismo pedirá el suplicatorio si se abre juicio. Se puede discutir cuál es el momento de dimitir, pero tiene coartada para justificar su llamada al Ayuntamiento de Sant Boi, en la que se basa la acusación de tráfico de influencias.
Pero no quiero caer en el juicio paralelo ni a favor ni en contra, porque lo acabo de criticar y me parece lo más pernicioso de este país. Únicamente quiero subrayar que comprendo su lamento cuando se queja de llevar un año de gestiones judiciales. Ese es el otro problema: la exasperante lentitud del procedimiento produce sufrimientos personales y la reiteración de noticias sobre el mismo episodio hace que se extienda la imagen de la corrupción, por si fuese pequeña. Y esto vale para el señor Blanco, para la Gürtel o para todas las penalidades que está pasando el Partido Popular.