Un buen amigo, colega universitario, entre otras cosas, y hombre poseedor siempre de puntual información, me contó un día, poco después de la rebaja salarial a los empleados públicos adoptada por Zapatero -la primera en nuestra historia-, que alguien externo al Consejo de Ministros, pero de toda confianza del presidente, le había filtrado que la propuesta inicial de reducción que había formulado Economía, muy superior a la que luego se acordó, rondaba en su tramo alto la cifra del 30 %, lo que a él y a mí nos pareció, claro, un verdadero disparate.
Fuera o no exacta esa información -cosa sobre la que no puedo pronunciarme-, lo cierto es que, con el tiempo, ha venido a ser verdad. Pues si sumamos a aquella inicial rebaja salarial la que el año pasado supuso la supresión de la extra de Navidad y las que ahora se anuncian -ayer para los profesores de las universidades de Santiago y Vigo- y, un poco antes, para la mayoría de los empleados públicos gallegos como consecuencia de la eliminación del complemente específico en las extras de junio y de diciembre, los cálculos más serios apuntan a que la rebaja de salario neto para algunos empleados se sitúa ya en el entorno del 30 %. Debe tenerse en cuenta, por supuesto, para computar tal porcentaje, la pérdida derivada de sucesivas congelaciones salariales (en una situación moderadamente inflacionista) y del alza del IRPF que, desde el 2013, asumiremos los asalariados españoles.
En este escenario he de reconocerles que yo, abandonada ya toda capacidad de protesta, he llegado a la conclusión de que algún mal terrible debemos haber hecho los empleados públicos a España -aparte de ese consumo de teléfono y papel que tanto preocupa a Joan Rosell, presidente de la CEOE- para ser tratados a vergazos, trato que contribuye, por lo demás, en gran medida, a una contracción brutal del consumo personal y familiar, como pudieron comprobar con dolor, en la pasada campaña navideña, empresarios grandes, medianos y pequeños.
Por tanto asumo mi tanto de responsabilidad por ser funcionario y pido públicamente disculpas por tan abyecta condición. Entono, con sinceridad, un mea culpa por haberme graduado en Derecho a los 22 años; haberme doctorado, a los 29, con premio extraordinario; y haber obtenido por oposición, y por unanimidad del tribunal, una plaza de profesor titular a los 31 y una de catedrático a los 35. Actos todos, sin duda, escandalosos, que demuestran una vocación de aprovechado y abusón y que merecen un castigo.
Por eso, tras el reconocimiento de mi falta, solicito desde esta tribuna que me sea rebajado el salario cada año hasta lograr la que se supone ha de ser la perfecta condición del funcionario: que trabaje sin cobrar y expíe así su pecado nefando: tener ese puesto estable al que, ¡malvados!, todos aspiramos.