H an pasado ya casi 36 años desde las elecciones constituyentes de 1977 y solo en el año 2002 y en este 2013 habrán dejado de celebrarse elecciones en algún lugar de España; el año pasado, por ejemplo, se eligieron cinco Parlamentos autonómicos. No es el mejor momento para quedarse sin referencias, porque los porcentajes sobre censo que obtienen los partidos en cualquier ámbito sirven para estimar valores razonables en otros con los que guardan constantes conocidas. Cualquier consulta electoral permite visualizar la situación, pero si no hay elecciones la única información de que dispondremos será la de las encuestas, y de estas, las únicas certidumbres estarán en las transferencias de voto entre partidos que nos proporcione el CIS cada tres meses, unos datos que solo saben interpretar los especialistas. Todo lo demás serán estimaciones.
Ahora mismo ganaría las elecciones generales el PP, pero muy alejado de la mayoría absoluta. El PP está situado en España en el 35 % de los votos válidos, ha perdido casi 10 puntos y 2,7 millones de votos desde el año 2011; el PSOE defiende el 29 % que son 6,5 millones de votos para una participación estimada del 65 %; IU/ICV sumarían 2,3 millones de votos con algo más del 10 % y UPyD obtendría 1,8 millones de votos concentrados en determinadas comunidades autónomas, el 8 %. El resto de las candidaturas y los votos blancos sumarían medio millón de votos más que en el año 2011 y la abstención aumentaría considerablemente.
La situación se resume en la idea de que las encuestas nos devuelven convicciones sociales muy arraigadas en lugar de opiniones diversas, y estas convicciones son dramáticas: la crisis no la pagan los bancos ni los ricos, no hay confianza en los líderes, ni en los partidos, ni en Gobiernos, Parlamentos o sindicatos, ni en otras instituciones mucho más cercanas como los ayuntamientos. Tampoco existe un modelo territorial de referencia: el PP tiene que defender el Estado de las autonomías cuando el 60 % de sus electores las suprimirían, mientras que el PSOE plantea el Estado federal, cuando en esa posición se sitúan el 20 % de sus votantes. Estamos ante el caos, porque sin referencias institucionales prestigiadas la sociedad se disgrega. Se trata sin duda de un año definitivo para el PP, porque su futuro electoral depende exclusivamente de los Presupuestos 2014 que sea capaz de presentar, pero también lo es para la Unión Europea, porque se juega en España la continuidad o la quiebra del doble marco referencial que establece su poder sobre las sociedades endeudadas del sur de Europa. Todo se resume en que la deuda es un producto colectivo que tenemos que devolver entre todos, y que un Estado miembro del euro no es viable fuera de él. La Unión Europea no se puede permitir que la mayoría de los electores españoles cuestionen ambos dogmas, porque esto significaría la formulación de esa mayoría insumisa en modo electoral, algo parecido a lo que ha sucedido en Grecia, con similares convicciones sociales, sistema electoral, condiciones actuales y elaboración civil de la sociedad.