La información es de las que obligan a frotarse los ojos: el consejo del BCE acaba de recriminar al Gobierno español haber recortado los gastos de personal del Banco de España. El argumento de Mario Draghi y sus colegas es, desde luego, difícilmente objetable: con esa medida queda limitada la capacidad del banco central español para desarrollar sus funciones de supervisión y detección temprana de eventuales problemas en las entidades financieras y, además, ello limita en la práctica un principio hasta ahora considerado sagrado, el de su independencia frente al poder político.
¡Acabáramos! No hay duda de que esta manifestación concreta de la política de consolidación fiscal a toda costa restringe las posibilidades de una acción competente del Banco de España (lo cual, a la vista de su poco gloriosa historia reciente, no es una cuestión menor). Pero hay que recordar que es precisamente el eurobanco la fuerza principal que viene imponiendo esa política, con su estrategia indisimulada de palo y zanahoria: la austeridad compulsiva como condición para la continuidad, hoy por hoy imprescindible, de la política de compra de deuda por parte del propio BCE.
La cuestión que inmediatamente se suscita es: ¿y los recortes en la inspección fiscal -en un país que bate registros de fraude- no merecen un toque de atención semejante, cuando precisamente se trata de reducir el déficit? ¿Y la brutal reducción de la financiación a los proyectos de I+D+i, que amenaza con arruinar los esfuerzos científicos y tecnológicos del país en muchos años? Porque ahí, o en el daño inmenso que se está causando a la educación pública, radican serias amenazas a las posibilidades de reconstruir una línea de crecimiento económico sostenido. Eso sin mencionar otro tipo de recortes, costosísimos desde el punto de vista social, pero con impactos económicos menos inmediatos (como los de la sanidad pública).
De pronto, y tal vez sin caer siquiera en la cuenta, el BCE -una especie de alguacil alguacilado- acaba de resumir el fondo del problema: es imposible aplicar políticas eficaces sin contar con Administraciones técnicamente solventes y bien dotadas. Y que sin políticas eficaces difícilmente saldremos de esta es algo que hace mucho tiempo debieran haber entendido en Fráncfort (y en Bruselas).