Llegará un día en el que los gallegos nos comeremos el Gaiás a pedazos, pues no habrá otra cosa que llevarse a la boca. Esta es la prioridad máxima de la Xunta: mantener el edificio en el que ya se han enterrado 400 millones de euros cueste lo que cueste, y lo que cuesta son más de 3,4 millones de euros al año en calefacción y fregona. Como hay que seguir financiando y adornando tamaño despropósito arquitectónico y estamos en crisis, el presidente de la Xunta ha establecido un catálogo de prioridades, optando finalmente por rebajar el dinero que entra en las casas de 90.000 familias gallegas, las que tienen entre sus miembros a al menos un empleado público de la Xunta. Esto, a pesar de que Feijoo confesara que a los funcionarios ya se les habían pedido suficientes sacrificios. O le falló el medidor (de sacrificios) o es que cuando decía esas cosas se refería a los funcionarios de las Islas Caimán... Lo cierto es que los empleados públicos vuelven a ser la cabeza de turco elegida por el presidente de la Xunta para ¿arreglar? un problema que ellos, desde luego, no originaron. Para el Gobierno autonómico no hay otro remedio si lo que se desea blindar son las políticas sociales, lo cual no deja de ser una interpretación muy particular, pues cuando se recorta el sueldo a un funcionario, pongamos por caso a un enfermero, un médico o un maestro de escuela, se está dando un golpe de gracia a las políticas sociales, pues sus nóminas no son otra cosa que gasto en política social. La reducción de salarios no solo afecta a los funcionarios: daña la economía porque desactiva el consumo. Pero la Xunta ha decidido que lo importante es salvar el Gaiás. Al fin y al cabo, sus empleados públicos y el bienestar de los gallegos están ya muy vistos...