El verdadero cuadro macroeconómico


Cuando el presidente del BCE, Mario Draghi, afirmó en septiembre que «la institución compraría bonos del Tesoro en el mercado secundario, si España pidiese el rescate», la prima de riesgo (diferencia de rentabilidad del bono español a 10 años con el alemán) se relajó; y el Gobierno creyó que la calma se había instalado en los mercados internacionales; y, en consecuencia, pensó que dicha tranquilidad contribuiría a estabilizar la coyuntura. Pero, evidentemente, ese reflejo estuvo muy lejos de la realidad.

España está comprometida a solicitar el rescate. Y debe hacerlo por dos motivos básicos. El primero, porque el deterioro que han alcanzado las finanzas públicas y las privadas se hace insostenible; esto es, poseen un problema de liquidez y de solvencia. Y la segunda, porque para poder reducir la presión sobre el riesgo soberano, el rescate se ha convertido en una condición irrenunciable.

Si repasamos el reciente cuadro macroeconómico presentado por la Comisión Europea, observamos que el déficit público se elevará hasta el 8 % frente al objetivo del 6,3 % del PIB; la deuda alcanzará el 86 % del PIB y con tendencia a crecer en los siguientes tres años; el paro sube hasta el 25 %, con una perspectiva del 26 % en el 2014. El Banco de España, en su último informe trimestral, confirma que estamos en recesión. Y los recientes pronunciamientos de los equipos de coyuntura del FMI, instituciones españolas y agencias internacionales de clasificación, nos están condenando poco a poco y día a día.

Las lecciones que hemos venido aprendiendo en los últimos cinco años, desde que se iniciara la crisis financiera internacional, allá por agosto del 2007, es que aplicando las medidas de austeridad y de recortes nos vamos alejando de la senda del crecimiento y de las posibilidades de reequilibrar las cuentas públicas.

Por tanto, España está grave, económicamente. Los tratamientos pueden ser diversos. Un grupo de economistas apuntan que ahondar en la espiral bajista de menor crecimiento, de menores ingresos tributarios y de mayores déficits es un pésimo camino y una peor apuesta. Muy pocos expertos, en sentido contrario, sugieren que no es necesario solicitar el rescate, porque se aferran y se encomiendan a que «las cosas puedan mejorar de repente», como con la mano invisible de Adam Smith o el pensamiento marianista. Pero no hay duda alguna de que en ambos supuestos es recomendable evitar situaciones adversas que puedan contribuir a debilitar, aún más, la economía española.

Las ayudas que presta Draghi tienen un efecto disuasorio de enorme efecto; pero los especuladores siguen guardando munición para los próximos momentos. Por eso, tratar de eliminar cuanto antes la incertidumbre se convierte en la mejor receta para atacar la enfermedad económica.

El coste de ser demasiado optimista, como pretenden hacernos ver algunos responsables económicos del Gobierno, hace un boquete en la credibilidad de las cuentas públicas. Sus argumentaciones chocan con la triste realidad de los datos. Así, podemos destacar cuatro datos de interés. España destina a pagar la carga de la deuda (estimada en 38.590 millones de euros), casi la misma cantidad que el gasto de todos los ministerios (39.722 millones) o el coste del personal público (33.289 millones). Existe un desfase de casi 14.000 millones de euros entre lo que el Gobierno dice que va a recaudar y lo que realmente va a hacer. Los ingresos han caído del 41 al 35 % del PIB. Y finalmente, las inversiones públicas son tan pocas (un 56 % menos desde el 2008), que se puede poner en riesgo el buen estado de las infraestructuras públicas.

En suma, las explicaciones oficiales son ejemplos de prestidigitación y así lo recalcan los expertos, tanto nacionales como internacionales. El cuadro macroeconómico gubernamental se convierte en un artificio contable, que funciona como un goteo de revisiones a la baja de manera incesante. Es decir, el equipo económico pierde credibilidad; y, sin ella, es muy difícil convencer a los mercados, a los inversores y a los ciudadanos. El último informe de la Comisión Europea así lo corrobora.

Por Fernando González Laxe Expresidente de la Xunta de Galicia

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