Entre la demanda objetiva y la justicia populista

Fernando Ónega
Fernando Ónega DESDE LA CORTE

OPINIÓN

12 oct 2012 . Actualizado a las 07:00 h.

Y a fue presentado lo que será el nuevo Código Penal. Alberto Ruiz-Gallardón se dispone a un año de gran protagonismo, porque ese será el tiempo que tardará en ser aprobado. Y después ya veremos, porque algunas de sus novedades son carne segura del Constitucional. Un primer vistazo inspira unas cuantas impresiones, que expongo a modo de decálogo, como corresponde a la salutación de un código.

1.- Es posible que un ministro tan inquieto como Ruiz-Gallardón no haya querido pasar por Justicia sin dejar huella de su capacidad. Un hombre de tan fecunda actividad no se resigna a pasar a la historia como un titular más de ese departamento.

2.- El nuevo Código nace marcado por un estigma colocado desde la oposición: dado su contenido, penas que agrava, delitos que crea o revisa y filosofía general, será difícil borrarle la imagen de justicia populista.

3.- Esa imagen viene dada por la facilidad con que se acogen las aspiraciones de familias castigadas por los crímenes de mayor eco mediático. Su origen está en los compromisos de Rajoy, por ejemplo, ante el padre de Mari Luz Cortés.

4.- A favor de la ley hay que decir que es sensible, quizá demasiado sensible, ante la actualidad. Sin episodios como el vídeo erótico de la concejala de Los Yébenes o la última plaga de incendios forestales, no se habrían contemplado determinadas penas y delitos.

5.- Por la misma razón, no es descartable que en los doce meses de tramitación no se produzcan más novedades. Depende más de las ocurrencias de los nuevos delincuentes que del propósito del legislador.

6.- La prisión permanente revisable es una forma de colar la cadena perpetua, en desafío a la Constitución. Si esa revisión de pena a los 25 o 35 años es constitucional, podemos certificar que las leyes no son lo que quiere su letra, sino las componendas que sean capaces de imaginar los juristas.

7.- También es dudosa la figura nueva de custodia de seguridad para quien haya cumplido su pena. Se deben exigir tales garantías jurídicas en su aplicación, que es seguro que será fuente inagotable de conflictos.

8.- Esperemos que la revisión de los delitos económicos responda a la misma exigencia de la actualidad. Sería una pena que no se atendiera a las demandas sociales de limpieza en la vida económica. Y en la política.

9.- Las dudas jurídicas y constitucionales, más la sospecha de intenciones, prometen un trámite acalorado y apasionante. Ya se intuye más ideología que derecho.

Y 10.- De poco sirven los códigos si en el caso de Marta del Castillo falla la investigación; si los delincuentes siguen entrando por una puerta y saliendo por otra, y si los juicios siguen tardando años en celebrarse. Pero eso, ay, no lo resuelve el Código Penal.