Algunos partidos políticos tienen una posición tan amplia y hegemónica en la sociedad que para alcanzar el Gobierno precisan de mayorías absolutas. La coalición es interna. Esto sucede en Galicia con el Partido Popular, y a veces también en el Estado. En Galicia, al contrario que en España, la situación de un Gobierno en minoría no se ha dado, primer Gobierno aparte.
El tradicional argumento electoral esgrimido por el Partido Popular para solicitar y promover su mayoría absoluta, asociando esta al buen gobierno y al cumplimiento de un programa, no se corresponde con la realidad. La experiencia del Gobierno de coalición de Touriño, presentado como paradigma de desgobierno por la oposición política, económica y social, llevó a la mayoría absoluta del Partido Popular. Sin embargo, la acción de gobierno y su eficacia no se corresponde con lo prometido por el Gobierno de Feijoo. Ni en empleo, ni en acuicultura, ni en energía eólica, ni en educación, ni en sanidad, ni en dependencia, ni en política industrial, ni en innovación e investigación. Tampoco en el naval, ordenación territorial, universidades o profesionalización y racionalización de las Administraciones públicas. Cierto que en cada área con matices diferentes, entre el exacto incumplimiento y el parche coyuntural y urgente. Vender de nuevo la necesidad de mayorías absolutas para alcanzar el buen gobierno se asemeja más al cuento del pastor y el lobo que a una realidad acreditada.
Si esto no fuera suficiente, hace un año los ciudadanos dieron su confianza al Partido Popular. Desde entonces nos gobiernan con mayoría absoluta y persistente ignorancia de sus promesas y compromisos. Porque más allá de la economía y la servidumbre al poder financiero propio y extraño, tan común, no debiéramos consentir que la mayoría absoluta tuerza leyes y costumbres asentadas que atacan la convivencia y la democracia: cuestionar el derecho de manifestación o de expresión; penalizar de nuevo la interrupción del embarazo por malformación del feto; invadir competencias de Gobiernos autonómicos; precarizar las instituciones y la política suprimiendo sueldos de parlamentarios y manteniendo un gasto de asesores y altos cargos digitales en la proporción 60/1, o utilizar Policía y Guardia Civil en políticas del miedo. Dejando que las facciones más extremistas dentro de su magma partidario impongan normas y leyes que obviamente el partido ocultó en su programa electoral, y que afectan a aspectos constitucionales y a pactos sociales, económicos y políticos que la sociedad ha ido estableciendo en estos años democráticos.
Los partidos, sobre todo si predican el fin de las ideologías, tienden a imponer la suya sin respeto a los demás. De ahí el peligro de las mayorías absolutas. Gobiernos en minoría, con oposición sensata en su trabajo, pareciera que estarían libres de desmanes. O quizá no, y sea un sueño.