Sanidad e inmigrantes irregulares


En nuestro país la inmigración irregular constituye un viejo problema, que la regularización masiva emprendida por Zapatero no solucionó (al contrario, provocó un efecto llamada). También es cierto que no pocos de los inmigrantes regulares asentados en España, al ver cómo eran aquí las cosas en materia sanitaria, se traían a sus familiares para que fueran tratados de patologías graves diagnosticadas en sus países de origen y cuyo tratamiento allá era inviable económicamente (era suficiente con pagar un billete de avión para buscarles solución en España). España atraviesa por una crisis económica gravísima, que amenaza muy seriamente la viabilidad de nuestro sistema sanitario; aunque, para decirlo todo, ya el Informe Abril Martorell había alertado en 1991 de las dudas sobre la sostenibilidad de un sistema cuyo coste crecía aceleradamente y que se financiaba adeudándose. Por último, el art. 31 de la Constitución dice: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio».

Es claro que la sostenibilidad es la primera exigencia del sistema sanitario público. Pero excluir del mismo a inmigrantes irregulares o exigirles una cuota mensual de 60 euros al mes es intentar matar mosquitos a cañonazos. Porque exigir esos 60 euros para la inmensa mayoría de esta gente tiene un carácter claramente confiscatorio, como sabemos quienes colaboramos con las entidades sociales que les están dando de comer y de vestir. Porque si de lo que se trata es que se vayan a sus países, las medidas tienen que ser de orden policial y judicial. Porque nuestras urgencias, ya de por sí muy sobrecargadas, se verán desbordadas si es la única vía que les dejamos abierta. ¿Se imaginan ustedes lo que puede pasar cuando lleguen los fríos del invierno?

Me da la sensación de que el Gobierno ha infravalorado las consecuencias éticas, sociales, económicas, políticas y de salud pública de esta medida. La solidaridad es el santo y seña de nuestro sistema sanitario público, y ha dado excelentes resultados (como evidencia el programa de trasplantes). Los 20 años que llevo en el ámbito de la bioética me han enseñado dos cosas: que en la búsqueda de solución a problemas complejos los cursos extremos de acción son los más simples pero no suelen ser los mejores sino los intermedios; y que las soluciones plausibles solo se alcanzan a través de la deliberación que, evidentemente, exige esfuerzo y altas dosis de humildad.

Núñez Feijoo tiene aquí una ocasión para seguir demostrando su capacidad de liderazgo y de gestión, que tan buenos resultados ha dado a la sanidad gallega; cuando, por otra parte, el número de irregulares de nuestra comunidad autónoma hace que los beneficios de esta medida sean el chocolate del loro en términos presupuestarios.

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