Los ayuntamientos gallegos, por boca de la federación que los agrupa (la Fegamp), acaban de proclamar un no rotundo frente a las muy tímidas reformas anunciadas por el Gobierno con la (ilusa) pretensión de poner orden en un ámbito -el local- donde el desorden ha llegado a extremos pavorosos. No solo eso: la Fegamp se ha pronunciado además contra la rebaja de las retribuciones de alcaldes y concejales, de modo tal que a los únicos a los que se reducirá el sueldo en los ayuntamientos será, finalmente, a sus maltratados funcionarios. Inenarrable.
Cuando, comenzando el último tercio del siglo XIX, los liberales avanzaban en Italia hacia la construcción de un Estado unificado, una parte de la aristocracia territorial, que veía peligrar sus seculares privilegios, decidió adoptar una actitud de colaboración con los cambios que venían como única forma de conservar una parte de su poder a cambio de entregar otra a los revolucionarios. El novelista Lampedusa dejó constancia de esa actitud en la frase -hoy archiconocida-que pronuncia el protagonista de su más célebre relato (El Gatopardo): «Si queremos que todo permanezca como está, es necesario que todo cambie».
Muy lejos de tales sutilezas, los profesionales de la política (local, provincial o nacional) vienen aplicando en España, en lo que se refiere a sus privilegios de clase, una máxima de una rotundidad apabullante: «Si queremos que todo permanezca como está, es necesario? que todo permanezca como está». Más claro, el agua.
Nada, pues, de gatopardismo ni de gaitas, sino la pura y dura conservación del statu quo, no vaya a ser que, comenzados los cambios, alguien se anime a seguir y acaben miles de cargos públicos por perder su confortable modo de vivir.
En España existen 8.116 municipios, de cerca de 6.000 de los cuales debería prescindirse no porque los ayuntamientos sean poco relevantes, sino justamente por todo lo contrario: porque el poder local juega un papel central en el bienestar de todos. Un papel que exige necesariamente un mínimo tamaño, por debajo del cual los ayuntamientos son sencillamente un lujo absurdo y una fuente de despilfarro de recursos que no podemos permitirnos. Un tamaño mínimo que llevaría, además, a acabar también con esa institución cara e inútil que son hoy las diputaciones provinciales.
Todo el mundo que sabe de este asunto está convencido de lo que acabo de apuntar. Como lo está de que el único modo de racionalizar la actual situación pasa por la aprobación de una ley estatal que ponga fin de una vez al vigente disparate. Pero para eso es necesario un Gobierno que, además de estar dispuesto a meter en cintura a los simples ciudadanos, lo esté también a cambiar las cosas por arriba. No para que todo siga como está, sino para que la situación cambie de verdad.