¿Cómo se financian los partidos políticos en España? ¿Tiene consecuencias relevantes el hecho de que esta financiación se realice de una forma o de otra? Interesa aflorar y analizar estas cuestiones por su relevancia para el funcionamiento democrático y porque el silencio, el nerviosismo o la preocupación aparecen siempre que alguien tiene la osadía de mencionarlas.
Cuatro son las fuentes que proporcionan recursos económicos a los partidos políticos. En primer lugar, están los recursos procedentes de cuotas que pagan los militantes del partido. En segundo lugar, aparecen las subvenciones públicas que obtienen los partidos en función del número de votos y escaños conseguidos en procesos electorales. De manera que un partido tendrá más o menos recursos económicos a medida que aumente o disminuya su militancia y en función de sus éxitos o fracasos electorales. La tercera fuente de ingresos son las aportaciones voluntarias que proceden de empresas privadas y particulares. Finalmente, podrían incluirse también condonaciones de préstamos otorgados por entidades financieras, como la experiencia confirma y evidencia, pese a las crecientes dificultades que existen en la actualidad.
¿Cuál es el peso relativo de las aportaciones empresariales y condonación de préstamos en la financiación total de cada partido? La respuesta está en el viento, decía Dylan, ya que los datos se ocultan y blindan con procedimientos diversos. Las razones son múltiples: anonimato exigido por las empresas, nueva ley orgánica 8/2007, sobre la financiación de partidos políticos, limitaciones normativas e institucionales en los órganos de control, etcétera.
¿Responden las aportaciones empresariales a un comportamiento ideológico o altruista? Lo ignoramos, pero las dudas existen. ¿Se benefician las empresas (vía contratos, subvenciones o favores diversos) por financiar a los partidos políticos? ¿Existe correlación entre el control laxo a entidades financieras y la condonación de préstamos? No lo sabemos, aunque tales cosas también son posibles. Por eso interesa ensanchar las capacidades del control externo y de su rigor informativo. Estamos ante un problema muy serio que urge resolver. La opacidad actual nubla el entendimiento y genera siempre desasosiego ciudadano.
Si los partidos son instrumentos básicos de intermediación política para desarrollar la democracia, no solo deben regularse por ley, también deben ser transparentes y explicar su verdadera financiación. Porque si eso no sucede, habrá desprestigio, ensimismamiento, ocultaciones forzosas y debilidad democrática. Los políticos están obligados a saber que el poder de verdad reside siempre en la economía y no en la política. Pensar lo contrario sería una desorientación excesiva.