E l ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no ha superado que las cuentas de España logren que Bruselas dé crédito a las buenas intenciones del Gobierno de la nación. Y ello, tras ajustar la economía hasta límites de recesión económica, por lo tanto, incapaz de generar empleo, más bien por la senda del paro y de la pobreza, crecientes.
Tampoco está garantizado que la situación del sector financiero movilice el crédito que necesitan las pequeñas y medianas empresas para, junto con la durísima reforma laboral, movilizar al mercado laboral en favor del empleo, o de la no destrucción del tejido empresarial.
Se hace un esfuerzo para que la Administración local pague a los proveedores y a cambio de ello, haga, obligatoriamente, presupuestos equilibrados, bajo una intervención dura a pesar de la Ley de Régimen Local que hizo de los alcaldes y sus corporaciones, auténticos Pericles con ciudades estados.
Pero, dónde «hai que roelo» es en el ámbito de los fragmentos de Estado que son las comunidades autónomas, que ya han presentado sus propios perfiles a la situación.
No son de fiar, en cuanto a deuda y déficit.
No están dispuestas a que nadie les intervenga su soberanía competencial en sanidad y educación.
Las haciendas forales casi usan el viejo pase foral, vigente hasta el siglo XIX, «se acata, pero no se cumple», desde sus Parlamentos forales, y no están dispuestas a que se aplique la aprobada amnistía fiscal al dinero negro.
De ahí que el debate sea más profundo que la propia valoración del tamaño de las prestaciones sanitarias o la eficiencia de los equipamientos educativos.
Estamos ante la propia sostenibilidad del entramado competencial del Estado de las autonomías, con duplicidades en el capítulo de personal en órganos centrales de su Administración, con desigualdades en las prestaciones asistenciales al ciudadano, con una escala de valores en cuanto a lo que es básico y lo que debe ser accesorio en un momento de máxima tensión económica, con peligro de intervención y a las puertas de una recesión como nunca lo habíamos conocido.
Hace falta un gran pacto de Estado, y desde luego, antes de que nos intervengan desde Bruselas es preferible intervenir a las comunidades autónomas que sean incapaces de gestionar adecuadamente su propia autonomía.