Al margen de los acuerdos y desacuerdos concretos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el pulso del Gobierno central a las autonomías merece un análisis sosegado. ¿Qué está pasando de verdad? ¿Es un puro debate financiero de control del déficit o hay algo más? Si fuese un puro asunto financiero, sin ninguna otra implicación, tendría fácil arreglo: se impone el gasto por decreto, se pasa mal una temporada, y no hay más que hablar. Habría la oposición que ayer hubo de los Gobiernos regionales que no son del Partido Popular, y los demás, los que obedecen a Rajoy, aceptarían con dificultad y llanto, pero con disciplina, porque hay que seguir saliendo en la foto.
Pero este tipo de discusiones, una vez planteadas en público, se vuelven incontrolables. Se empieza hablando de algo tan material y transitorio como es el déficit, y se termina poniendo en duda el propio modelo de Estado de las autonomías. Cualquier lector de periódicos habrá visto sesudas opiniones que aseguran que el sistema fue bueno, pero se hizo insostenible; que se cometió el gran error histórico del «café para todos»; que hay que devolver competencias al poder central; que el gasto en Parlamentos regionales es insoportable; que las autonomías son la residencia de la ostentación irresponsable, o que todo lo que proyecta Rajoy es una maquiavélica operación de perversa intención centralista y jacobina.
Y así, gota a gota, se está creando un clima de opinión pública que fomenta dudas sobre el sistema. Solo le faltaba un ingrediente: que alguien con autoridad de gobierno diga que las Administraciones periféricas son las causantes de la ruina nacional, porque han provocado la última desviación del déficit español. El grito de «las autonomías tienen la culpa» se oye en los medios con una cadencia que recuerda el «Rusia es culpable» de lejanos tiempos. Solo falta ponerlo en cartelones en las vías públicas.
¿Es intención de Rajoy promover una recentralización del Estado? A mi edad, ya no se descarta nada. Lo que sí veo es una clara intención de imponer la autoridad central. Con el argumento irrefutable de que el Gobierno debe asumir el resultado final de cada ejercicio, sobre todo si es deficitario, Madrid decide los números. Y atención a las palabras: no se trata de aconsejar o recomendar. Desde el propio Mariano Rajoy al secretario de Estado Beteta, pasando por Cristóbal Montoro, han utilizado los conceptos de «innegociable», «inflexible» y otros que parecen propios del gobierno por decreto. En esta batida, las comunidades ya han perdido algo: han perdido la autonomía financiera, lo cual significa pérdida efectiva de poder. Me parece que ese es el combate de fondo, y este su balance provisional.