Las protestas sindicales contra las medidas de ajuste aprobadas ayer por el Parlamento de Galicia han coincidido con el conocimiento del dato oficial sobre el déficit español en el 2011 (8,51 %), mucho peor que el pronosticado por el Gobierno socialista (6 %) y peor incluso que el que Rajoy ya había adelantado (8 %) tras asumir la presidencia del Gobierno.
El desglose de ese dato por Administraciones demuestra que son las autonómicas las que peor se han comportado, pues son las únicas que no han logrado reducir su déficit respecto al 2010, lo que sí hicieron, aunque en distinta proporción, el Gobierno central, las entidades locales y la Seguridad Social.
Y, aunque es cierto que las diferencias entre comunidades son muy sustanciales -desde los altos déficits de Castilla-La Mancha (7,3), Extremadura (4,69) o Murcia (4,33) hasta los mucho más reducidos de Galicia (1,61), Canarias (1,78) o Navarra (1,89)-, lo es también que todas, salvo Madrid, han superado, casi siempre muy de largo, el objetivo de déficit previsto para cumplir lo pactado con Bruselas: el 1,3 % del PIB.
Por desgracia es en este contexto en el que deben juzgarse las medidas de ajuste de las autonomías para hacer frente a una realidad insoslayable: la caída brutal de sus presupuestos como consecuencia de la drástica reducción de los ingresos fiscales derivada de la crisis. Porque, si hemos de ser serios y no hacer demagogia, debemos aceptar dos evidencias: por un lado, que los mismos que en un sitio (Galicia, por ejemplo) rechazan los ajustes, los impulsan en otras comunidades autónomas (el País Vasco, por ejemplo) por idénticos motivos: que dos más dos no suman ocho; por el otro, que llama la atención la dureza de la protesta de los empleados públicos contra los recortes del PP en contraste con la escasa o nula respuesta ante la brutal reducción salarial que sufrimos esos empleados tras las medidas de ajuste del PSOE.
Yo critiqué aquellas medidas y con la misma claridad declaro que algunos de los recortes ahora decididos no me gustan absolutamente nada. Pero, llegados al punto de deterioro de nuestra economía en el que estamos, y vistas las escasas o nulas perspectivas de que la cosa mejore a corto plazo, la cuestión es la de si quienes legítimamente están en contra del Gobierno van a tratar de conseguir en la calle lo que no lograron en las urnas o si, por el contrario, van a comportarse con similar deslealtad con la que actuó en su día el Partido Popular, cuando se negó a aprobar en las Cortes las medidas de ajuste del Gobierno socialista. Porque una cosa no es, desde luego, ni de lejos, lo mismo que la otra: lo segundo es lo que ocurre, en mayor o menor grado, en toda Europa; lo primero, lo que está pasando en Grecia, con los resultados desastrosos que están bien a la vista.