Es difícil juzgar una sentencia de 150 folios de extensión -que son los que tiene, al parecer, la que condena a veinte años de prisión al asesino de Marta del Castillo- por las informaciones recabadas en la prensa pocas horas después de que aquella sea dictada. Pero la sensación de que en uno de los casos judiciales que más expectación ha levantado en España en mucho tiempo no se ha hecho justicia se ha extendido como reguero de pólvora entre la ciudadanía.
¿Por qué razón? Aunque es complejo dar una respuesta, creo que hay dos circunstancias que han contribuido a reforzar esa sensación de que la ley no ha protegido, como de ella se espera, a quienes han sufrido el delito más doloroso que cabe imaginar: los padres de una joven (casi una niña) que fue brutalmente asesinada y cuyo cuerpo no ha sido hallado para que, con su entierro, puedan tener paz los restos de Marta y el dolor de su familia.
La primera de esas circunstancias reside en la brutalidad del crimen y en el juego impío del gato y el ratón que mantuvieron los acusados con la policía sobre el lugar en el que está el cuerpo. La negativa rotunda de Carcaño a decir dónde se hallan esos restos hubiera sido explicable si con ella tratase de defender su inocencia, pero, confesada la autoría del crimen, el empecinamiento en no desentrañar un secreto que supone para los padres de la joven asesinada una auténtica tortura, añadida a la de su pérdida terrible, hace aún más execrable el crimen de Carcaño y el de quienes lo ayudaron a desprenderse del cuerpo, ya sin vida, de Marta.
A mitigar el dolor de su familia no ha contribuido tampoco, en un orden de cosas muy distinto, la tardanza de la Audiencia en dictar una sentencia -tres años desde que el asesinato fuera perpetrado-, circunstancia que determina también, a mi juicio, el rechazo muy mayoritario de la ciudadanía al pronunciamiento judicial.
Es verdad que a los acusados de un crimen no puede condenárselos por que la sociedad haya dictado por su cuenta una sentencia inculpatoria: aceptar ese principio sería el comienzo de una barbarie que nada tiene que ver con las exigencias de un Estado de derecho. Pero siendo eso cierto, no lo es menos que lo que vamos conociendo de la sentencia de la Audiencia de Sevilla permite albergar serias dudas sobre el acierto de los jueces en la valoración de las pruebas presentadas contra los presuntos encubridores de Carcaño, quienes ayer fueron declarados inocentes.
Uno de ellos se había autoinculpado ante la policía y había sido acusado por Carcaño; sobre otro existía la declaración de un taxista que manifestó haberlo conducido la noche de autos al lugar donde Marta fue asesinada, declaración que la Audiencia considera no creíble.
Pero la gravedad del crimen y la duda razonable sobre la correcta valoración judicial de las pruebas aportadas aconseja un inmediato recurso ante el Supremo, para que este se pronuncie sobre el caso. En interés de los familiares de la víctima y en interés de la justicia: tanto de la justicia material como de quienes tienen la decisiva responsabilidad de administrarla.