Guardia Civil


LA CELEBRACIÓN del 28.º aniversario de la aprobación en referendo de la Constitución nos ha recordado, por una protesta en Madrid de 200 guardias civiles, que la Guardia Civil es nominalmente civil, pero de hecho está aberrantemente sometida al Código Penal Militar.Por eso, cuando un guardia civil comete una falta en el desarrollo de su labor policial, ingresa en prisión como cualquier miembro del Ejército en una tesitura semejante. Es, pues, evidente que el nombre de la Benemérita es impropio: en rigor debería llamarse Guardia Militar. Pero, si de verdad el Estado desea que sea Guardia Civil, el Gobierno debe cumplir su promesa electoral que anunciaba la liberación de la Guardia Civil de su sujeción al Código Penal Militar. La Asociación Unificada de Guardias Civiles, entidad que convocó la protesta en la calle, ha acusado con razón al Gobierno de incumplimiento de una promesa electoral tan sensata pero que, al menos, de momento encuentra obstáculos para llevarse a la práctica en la divina cúpula de los generales. ¿Hay que responsabilizar a estos mandos de esta negativa a que la Benemérita se termine de civilizar? Sin duda, sí. Pero no hay que olvidar también que los mandos de la Guardia Civil deben estar sometidos a las órdenes del Gobierno y, en consecuencia, es el Gobierno el primer responsable del cumplimiento o incumplimiento de solucionar este desaguisado jurídico. Hace unos años, un dulce camión invadió mi carril, me rozó el coche -y que no era una alucinación mía quedaba demostrado por las abolladuras de la chapa- y denuncié el hecho en un cuartelillo de la Guardia Civil. Y allí, en un pueblo de la provincia de Soria, tuve una experiencia personal del carácter militar de la Guardia Civil. Al proponerle al amable guardia civil que me atendió que comunicara telefónicamente el hecho a un cuartel de la provincia de Logroño, en cuya dirección iba el camión, me encontré con una respuesta indignante. Aquel guardia civil -el Ejército es el Ejército- tenía prohibido llamar fuera de la provincia de Soria. Y entonces sí aluciné. La Guardia Civil -vamos, la Guardia Militar- no podía perseguir a aquel camión criminal fuera de la provincia.

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