TRES MESES se han cumplido desde la intervención judicial que cerró Fórum Filatélico y Afinsa, con un agujero patrimonial conjunto de entre 4.000 y 5.100 millones de euros. En estos tiempos de gobiernos y oposición populistas existe el peligro de que sus responsables destinen los impuestos de los ciudadanos a rentas directas en votos, en lugar de a tareas propias de un Estado «social y democrático de Derecho», como dice nuestra vapuleada Constitución. Con los casos Afinsa y Fórum Filatélico se sigue corriendo este riesgo, máxime cuando muchos Ejecutivos están ya en precampaña electoral y numerosos abogados no paran de firmar contratos con el coro de afectados, prometiéndoles, a cambio de la correspondiente minuta, la defensa cerrada de sus derechos y la exigencia al Gobierno de que el Estado sea responsable civil subsidiario de los daños y corra con el pago de todas las cantidades invertidas y no recuperadas en esas pirámides de Keops y Kefrén que con tanta dedicación construían sus máximos arquitectos. Otra vez la eterna cantinela de que los defraudados no son responsables del riesgo que voluntariamente asumieron con los defraudadores, y que deben ser todos los contribuyentes los que les resarzan de sus quebrantos, en lugar de asunto entre ellos, con la justicia y el fisco sobre ambos. De nuevo se quiere que salde la cuenta el común, que paga impuestos y lo que invierte lo hace con prudencia y sin codicia en productos financieros solventes, en beneficio de quienes colocan sus reservas y sobrantes en bienes de alto riesgo, rentabilidad muy superior a la normal y poco o nulo control. En una sociedad abierta, regida por la libertad de contratación y la economía de mercado, el reverso del éxito en el riesgo es el fracaso y así hay que asumirlo, porque si el Estado se convierte en garante de las estafas, cada vez habrá más estafadores. Lo que procede es lo que se está haciendo: que los afectados hayan quedado eximidos por la Audiencia Nacional de hacer frente a los pagos mensuales que debían abonar en virtud de los contratos suscritos; que el Gobierno mantenga la asistencia jurídica gratuita a través de las subvencionadas organizaciones de consumidores y usuarios; que la Administración garantice la integridad del patrimonio de las entidades intervenidas y de todos sus responsables para hacer una liquidación ordenada y reembolsar equitativamente a las víctimas, empezando por los jubilados sin rentas; que el administrador judicial preserve también el mayor número de puestos de trabajo, y que el fisco renuncie a su facultad de acreedor preferente hasta tanto la totalidad de los afectados no reciba la alícuota de lo que quede. Hechas así las cosas, siempre quedarán personas que vuelvan a las andadas, pero eso forma parte del libre albedrío y para él no debe haber falsas promesas o artificiales resurrecciones. Ley y libertad.