NO SE NOS OCULTA el relativismo ético que caracteriza en muchos aspectos a la cultura contemporánea, haciendo cada vez más difícil ver con claridad el sentido del hombre, de sus derechos y deberes. En este horizonte sociocultural y político, los criterios del Evangelio de la vida ofrecen luz para discernir la actitud adecuada ante determinadas leyes con las que se está configurando el ordenamiento jurídico de nuestra convivencia social. Hay que recordar que no todo lo que es legal es moral. El sistema democrático, que hemos de fortalecer cada vez más, no puede mitificarse convirtiéndolo en un sustituto de la moralidad, pues «su carácter moral no es automático, sino que depende de su conformidad con la ley moral a la que como cualquier otro comportamiento humano debe someterse» ( Evangelium Vitae 70). La ley moral objetiva, en cuanto ley natural, es referencia normativa de la misma ley civil. Con frecuencia se piensa que el hombre puede hacer todo lo que sabe hacer. Pero si este saber hacer no encuentra su medida en una norma moral, puede convertirse en un poder de destrucción, como encontramos pruebas fehacientes en la historia. ¿Podemos decir que porque el hombre sabe hacer la bomba atómica ha de utilizarla? ¿Que porque sabe clonar, ha de clonar? ¿Que porque sabe hacer del embrión un dispensario de órganos humanos, ha de hacerlo? El progreso del hombre se ha cimentado siempre sobre el respeto a la vida y su indeclinable tutela, considerándose el bien jurídico máximo e intangible. Realmente no hay nada más progresista que acoger, proteger y respetar la vida. No se trata de imponer la doctrina o moralidad católicas a una sociedad secular. Es una cuestión de verdades esenciales para el bien de la persona y de la sociedad, saliendo al paso de esa especie de actitud prometeica del hombre que se cree señor de la vida y de la muerte porque puede decidir sobre ellas. En esta perspectiva me refiero al proyecto de Ley de Técnicas de Reproducción Asistida, en fase de tramitación, que posibilitaría la producción de niños con determinados fines terapéuticos, y de embriones humanos como mero material de investigación y, en su caso, de comercialización. Son los expertos en bioética, los profesionales de la medicina y los legisladores quienes podrán valorar los aspectos técnicos de este proceso y ofrecer la legislación pertinente respetando siempre la dignidad de cada persona humana. Desde los presupuestos de la antropología cristiana hay que indicar que la ciencia ha de estar siempre al servicio del hombre, y que nunca los fines justifican los medios. En este convencimiento, la Iglesia no tiene otra preocupación que defender la vida humana desde el instante de su concepción hasta la muerte natural, convencida de que el cristianismo consiste en la visión del hombre como persona y de que «todo ser humano, con independencia de su edad, de su salud o de cualquier otra circunstancia temporal, está dotado de una dignidad inviolable». El oscurecimiento de la perspectiva cristiana está llevando a la descristianización y a la eliminación de la dimensión religiosa del hombre. «Este proceso se realiza paralela o convergentemente con la despersonalización», pues, como escribía Julián Marías, «se lleva mucho tiempo intentando que los hombres pierdan de vista su condición única de personas, que se vean como organismos reducidos a las otras formas de realidad que existen en el mundo». En medio de dolorosas situaciones personales o familiares de las que no podemos sentirnos ajenos, es difícil no ceder a compromisos de conveniencia o a la tentación de autoengaño. Pero ninguna intervención, aun buscando fines legítimos, destinada a eliminar o a utilizar el embrión humano como material biológico o como abastecedor de órganos o tejidos para trasplantar en el tratamiento de algunas enfermedades, puede ser justificada. La Iglesia apuesta por la cultura de la vida, fruto de la verdad y del amor, animando a los investigadores y profesionales de la medicina a colaborar en ella y persistir en el empeño para encontrar los remedios cada vez más eficaces para la vida naciente y para las personas, niños, jóvenes, adultos o ancianos, afectadas por enfermedades en fase aguda o terminal.